El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, criticó la reciente prisión preventiva de 36 meses dictada contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, calificando el caso como un ejemplo de la “judicialización de la política” en el Perú. Asimismo, rechazó cualquier vinculación de la mandataria con el caso.
En una conferencia de prensa, Adrianzén se mostró preocupado por la supuesta politización del sistema judicial, aludiendo a que existe un “bajísimo estándar de libertad” en el país. El jefe del Gabinete Ministerial cuestionó que el juez Richard Concepción Carhuancho tardara tres días en leer la resolución judicial que ordenó la prisión preventiva contra el hermano de la presidenta, investigado por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias, entre otros.
Además, el primer ministro denunció una aparente intención de vincular a Dina Boluarte con las acciones ilícitas atribuidas a su hermano, quien habría intentado captar a funcionarios y recursos estatales, como el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y Provias Descentralizado, en beneficio del partido Ciudadanos por el Perú. Adrianzén alertó que esta situación podría desencadenar un intento de vacancia presidencial bajo la causal de incapacidad moral.
El premier enfatizó que la presidenta no tiene relación con estas acusaciones, denunciando la existencia de un discurso que busca implicarla injustamente en el caso.
Gustavo Adrianzén hizo un llamado a reflexionar sobre el uso de la judicialización de la política como herramienta para desestabilizar al Gobierno. Aseguró que Dina Boluarte se mantiene firme en su cargo y reiteró su confianza en que estas acusaciones no prosperarán si se respetan los estándares judiciales y la independencia política.