La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, se enfrenta a una nueva investigación del Ministerio Público por los presuntos delitos de colusión agravada y otros, relacionados con el caso del Proyecto Línea Amarilla. El destino de Villarán está en manos del juez Jorge Chávez Tamariz, quien este lunes 23 de junio decidirá si levanta las restricciones a su comparecencia o si se mantiene su situación dentro del proceso judicial.
En una audiencia virtual programada para las 9:30 a.m., el juez evaluará si procede a declarar la caducidad del mandato de comparecencia con restricciones, impuesto a la exalcaldesa y otros implicados en el proceso, como José Miguel Castro, Domingo Arzubialde, y Augusto Rey Hernández, entre otros exfuncionarios de la Municipalidad de Lima. Esta medida está vinculada a la Ley 32130, que regula los plazos de la comparecencia con restricciones.
Según la tesis del Equipo Especial de la Fiscalía, Villarán habría pactado con los directivos de las empresas O.A.S Sucursal Perú y Lamsac para modificar el contrato de concesión del Proyecto Línea Amarilla, en 2012. Este acuerdo permitió un reajuste en las tarifas de peaje en 2013 a cambio de aportes económicos para su campaña de reelección en 2014. Además, Villarán enfrenta otro proceso penal por recibir presuntos aportes ilegales de más de 10 millones de dólares de Odebrecht y OAS para financiar su campaña y su campaña por el «NO» a su revocatoria en 2013.
Este caso pone en evidencia la gravedad de la situación judicial de Villarán, quien podría enfrentar hasta 29 años de prisión si se confirma su implicación en los delitos de organización criminal, lavado de activos, colusión, entre otros.
