La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó la participación del juez Juan Carlos Checkley en el caso, rechazando las recusaciones presentadas por las defensas del expresidente Pedro Castillo y la exjefa del Gabinete, Betssy Chávez.
El juez Juan Carlos Checkley seguirá a cargo del proceso penal contra el exmandatario Pedro Castillo y la ex primera ministra Betssy Chávez, ambos investigados por su implicación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La Corte Suprema validó las resoluciones previas del magistrado, que desestimaban las recusaciones presentadas por los abogados de Castillo y Chávez, quienes solicitaban su apartamiento del caso por una supuesta falta de imparcialidad.
Las defensas de Castillo y Chávez argumentaban que el juez Checkley debía retirarse del proceso debido a su implicación en una investigación preliminar contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presunta organización criminal. Según los abogados, esta vinculación comprometía su imparcialidad en el juicio por el golpe de Estado, sugiriendo que, al igual que se inhibió en el caso de Benavides, debió hacerlo en el de sus defendidos.
La Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, desestimó estas alegaciones, señalando que no se han presentado pruebas sólidas que sustenten la supuesta parcialidad de Checkley. En su resolución, el tribunal puntualizó que las declaraciones en contra del juez provienen únicamente de Jaime Villanueva, exasesor de la Fiscalía, cuya versión carece de peso suficiente para influir en el caso, ya que no es un testigo directo ni aporta evidencia adicional que respalde sus afirmaciones.
El tribunal también señaló que los defensores de Castillo y Chávez no han proporcionado datos concretos que demuestren un conflicto de interés o la realización de actos ilegales por parte del juez Checkley. En consecuencia, la recusación fue rechazada por no estar respaldada por elementos que justifiquen la necesidad de apartarlo del proceso.
Consecuencias legales y solicitud fiscal
Por otro lado, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos ha solicitado una condena de 34 años de prisión para Pedro Castillo, acusándolo de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación grave de la tranquilidad pública en perjuicio del Estado y la sociedad.
La fiscalía también pidió 25 años de cárcel para Betssy Chávez y otros exministros, como Willy Huerta Oliva y Roberto Sánchez, además de oficiales de la Policía Nacional acusados de coautoría en el delito de rebelión. Asimismo, solicitó 15 años de prisión para el exasesor Aníbal Torres Vásquez.
La ratificación de la participación del juez Juan Carlos Checkley en este proceso representa un paso clave en la investigación del fallido golpe de Estado, un evento que ha sacudido al país. Mientras tanto, las fuertes penas solicitadas por la fiscalía subrayan la gravedad de los cargos contra los implicados, marcando un escenario legal crucial para el futuro de la justicia en Perú. (RPP)