El juez Bonifacio Meneses Gonzáles, se ha convertido en el principal sospechoso de haber recibido una coima de dos millones de soles. De confirmarse esta inconducta funcional, el mencionado magistrado merecería una sanción ejemplar a nivel penal, civil y ética. El exfiscal supremo provisional, Víctor Cubas Villanueva el exprocurador Anticorrupción, Antonio Maldonado y el abogado constitucionalista Jorge Luis Rioja, coinciden en la flagrancia de la degradación moral que alcanza hoy a los poderes del Estado.
En el pasado mes de marzo, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) abrió un proceso disciplinario a dos de los tres jueces superiores investigados por el presunto cobro de coimas que permitieron la fuga de los sobrinos de Pedro Castillo. Meneses Gonzales es el investigado con mayores sospechas sobre sí, debido a que un informe de la página Ojo Público reveló que el patrimonio del tremendo juez aumentó en seis años en un 611% pasando de 100 mil soles en 2009 a más de 650 mil soles en 2015. A ese ritmo, hoy ya debe ser millonario. Una proeza que debería ser tema de estudios en las escuelas de negocios.
En efecto, uno de los primeros golpes a la red del entonces presidente Pedro Castillo fue la denuncia fiscal contra sus sobrinos sus sobrinos Gianmarco Castillo y Fray Vásquez, por la irregular adjudicación del Puente Tarata III, por parte del MTC. Los sobrinos, por haber sido los intermediarios entre Castillo y los otros miembros de la organización, eran una pieza clave que ponía en peligro la estabilidad presidencial. Presumiblemente, por esta razón, el hoy detenido profesor chotano se la jugó el todo por el todo para impedir que fuesen detenidos.
Según el exasesor del Ministerio de Vivienda y ahora colaborador eficaz, Salatiel Marrufo, Castillo solicitó S/1.5 millones “para hacer pagos a los miembros de la sala superior, quienes iban a resolver el recurso de apelación de prisión preventiva de sus sobrinos”. Versión que también ha corroborado Sada Goday quien en sus declaraciones ha revelado que el ministro de Justicia Felix Chero, antes de jurar recibió el requerimiento del presidente de conseguir dinero para liberar a sus sobrinos.
Por su parte, el exprocurador Anticorrupción, Antonio Maldonado, indicó al respecto que la acusación contra el titular de la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Lima, Bonifacio Meneses, debe ser procesada por el sistema penal, “independientemente de que el juez pudiera merecer algún tipo de sanción administrativa, en el ámbito de la Junta Nacional de Justicia”.
“Cualquier denuncia de esta gravedad y naturaleza, tiene que ser investigada para ver si es veraz, porque puede ser también una denuncia que carezca de los elementos de veracidad. Pero sí, ésta es (certera) y dada la gravedad de esta denuncia, mínimamente tendría que ser investigada por el órgano de disciplina interna del Poder Judicial”, apuntó tras recordar que el caso de Meneses ya está en manos de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA)”, apuntó.
Maldonado calificó igualmente de un “indicio mucho más grave y concreto”, el informe del portal web de investigación periodística Ojo Público, que indica que el patrimonio del referido magistrado Bonifacio Meneses, se incrementó exponencialmente en un 611 %, en tan sólo seis años, pasando de S/ 100 000, en el 2009, a S/ 650 000, en el 2015.
Según el abogado constitucionalista Jorge Luis Rioja, con relación al magistrado Meneses involucrado en actos de corrupción, no solamente debe declararse de parte de la ODECMA (órgano desconcentrado de la OCMA) sino tomar una decisión. Ésta deberá ser la más coherente posible con el respeto al debido proceso.