El Poder Judicial confirmó el mandato de prisión preventiva por 24 meses contra Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y actualmente prófugo, en el marco de una investigación por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, vinculados al supuesto financiamiento ilícito de su partido político.
La decisión fue adoptada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que declaró infundado el recurso presentado por la defensa de Cerrón Rojas, la cual solicitaba reemplazar la prisión preventiva por una comparecencia con restricciones. El tribunal consideró que la resolución cuestionada evaluó correctamente los elementos probatorios y confirmó la medida en todos sus extremos.
La defensa argumentó que existía una incorrecta valoración de las pruebas, señalando resoluciones judiciales previas que declaraban el sobreseimiento por lavado de activos y una pericia contable de 2021 que, según indicaban, no evidenciaba desbalance patrimonial. Sin embargo, los magistrados concluyeron que estos elementos no eran suficientes para debilitar los graves y fundados indicios que sustentan la prisión preventiva.
El colegiado precisó además que los periodos investigados no coinciden plenamente. Mientras el caso actual abarca los años 2008 a 2021, el proceso sobreseído corresponde al periodo 2007 a 2017, lo que deja una diferencia de cuatro años aún bajo análisis. Por ello, la sala determinó que no existió vicio alguno en la motivación de la resolución que ordenó la prisión preventiva.
En paralelo, el Ministerio Público sostiene que dentro de Perú Libre se habría conformado una presunta organización criminal liderada por Cerrón, con un plan que incluía la creación y registro del partido para alcanzar poder político, inicialmente en el Gobierno Regional de Junín. Posteriormente, según la Fiscalía, se habrían colocado militantes y allegados en cargos estratégicos para facilitar actividades ilícitas mediante redes como “Los Dinámicos del Centro” y “Tiranos del Centro”.
La acusación fiscal señala que el dinero obtenido de estas actividades habría sido lavado y utilizado para financiar campañas políticas, adquirir bienes, justificar incrementos patrimoniales y cubrir gastos legales de los integrantes de la organización. Estos hechos son la base del proceso que mantiene vigente la medida de prisión preventiva contra el exgobernador regional.
Este caso vuelve a poner en el centro del debate la lucha contra la corrupción política y el uso de estructuras partidarias para fines ilícitos, resaltando la importancia del rol del sistema judicial en la defensa de la legalidad y la transparencia en la vida pública.
