El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pidió al Gobierno detener de manera inmediata la ola de asesinatos y extorsiones que golpea al país. Señaló que, ante la falta de respuestas del Poder Judicial y la Fiscalía, una salida sería recurrir a tribunales militares para juzgar a los llamados terroristas urbanos.
Durante una conferencia de prensa en el Palacio Municipal, López Aliaga reconoció la reciente aprobación de la ley contra el terrorismo urbano, que contempla sanciones severas como la cadena perpetua. Sin embargo, advirtió que si la violencia no se detiene, se debería considerar el juzgamiento en fueros militares. El burgomaestre también reveló su rechazo a la construcción de un penal en la isla del Frontón por su alto costo, proponiendo en su lugar un establecimiento en la selva amazónica, donde las condiciones geográficas dificulten fugas.
Asimismo, cuestionó el presupuesto nacional 2026, indicando que incrementa las planillas estatales sin priorizar obras. Propuso que el gasto público se divida equitativamente: 50% para infraestructura y 50% para gasto corriente. En el plano de transporte, reiteró su interés en impulsar el tren Lima–Chosica, aunque denunció falta de voluntad política del Ejecutivo. Finalmente, insistió en su planteamiento de que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en que se fortalezca el respaldo a la Policía en la lucha contra el crimen organizado.
Las declaraciones de López Aliaga reflejan la urgencia de atender la seguridad ciudadana como prioridad nacional. La violencia y la falta de respuestas efectivas generan un escenario en el que la presión política y social exige medidas firmes y sostenibles.
