En un avance significativo para las organizaciones sociales de base, el Concejo Metropolitano de Lima aprobó una iniciativa legislativa que permitirá a las ollas comunes y comedores populares participar como proveedores en convocatorias de servicios de alimentación del Estado. Esta medida busca transformar estos espacios de ayuda solidaria en emprendimientos sostenibles, generando ingresos y empleos para sus comunidades.
La propuesta, denominada Proyecto de Ley que establece la bonificación excepcional en procesos de selección de proveedores del Estado, plantea otorgar un bono del 15% del puntaje final en los procesos de selección a aquellas organizaciones que cuenten con al menos seis meses de actividad en los últimos tres años, lo cual será acreditado por las municipalidades distritales. Esta bonificación aplicará tanto para contrataciones menores como para procedimientos no competitivos, abriendo una vía real para que estas agrupaciones se conviertan en pequeñas empresas formales.
Deborah Inga Zapata, regidora metropolitana y presidenta de la Comisión de Participación Vecinal, Mujer y Familia, fue la encargada de sustentar la propuesta ante el Concejo. Subrayó la necesidad de aprovechar las capacidades organizativas y productivas de estas agrupaciones, así como brindar sostenibilidad financiera y promover el emprendimiento femenino, ya que muchas de estas iniciativas están lideradas por mujeres.
De aprobarse esta ley en el Congreso de la República, se abrirá un camino hacia la autonomía económica, el fortalecimiento comunitario y la reducción de la informalidad, posicionando a las organizaciones sociales no solo como agentes de ayuda solidaria, sino como aliados estratégicos del Estado en la lucha contra el hambre y la pobreza.
