La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, sostuvo que el departamento de Madre de Dios requiere de una protección especial y una respuesta inmediata del sistema de justicia frente a las constantes amenazas de la criminalidad contra el medioambiente.

“Esta tierra, cuna de la biodiversidad, alberga una flora y fauna únicas, así como reservas y parque naturales de características excepcionales; por ello, requiere de una protección especial y respuesta del sistema de justicia frente a la criminalidad que comete delitos de minería ilegal, tala ilegal, deforestación, contaminación, entre otros delitos”, indicó.

Añadió, que a estos delitos se suma la explotación laboral y sexual que están presentes en las actividades mineras y que se derivan, en muchos casos, del delito de trata de personas, una forma de esclavitud moderna en pleno siglo XXI donde las niñas, adolescentes y mujeres son sus principales víctimas.

La autoridad judicial hizo estas reflexiones durante su participación virtual por el 21 aniversario de creación de la Corte Superior de Madre de Dios.

Barrios Alvarado destacó el trabajo de los jueces, juezas y personal de esta Corte, a quienes invocó a continuar su labor con dedicación, y les expresó su compromiso de impulsar acciones e iniciativas que garanticen una mejor administración de justicia.

DESCARGA PROCESAL

En tanto, el presidente de la Corte de Madre de Dios, Marino Cusimayta Barreto, refirió que los órganos jurisdiccionales que integran este distrito judicial están realizando una “verdadera descarga procesal” en beneficio de la región.

“El trabajo de descarga que realiza la Corte se ve reflejado en el menor número de quejas o reclamos, ya que casi todos los órganos están al día en la providencia de los escritos”, refirió.

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Asimismo, resaltó que se ha internalizado en los jueces, juezas y servidores/as la vocación de servicio y el deber social de responder positivamente con el trabajo.

En la ceremonia participaron también autoridades de la municipalidad provincial, Ministerio Público, Oficina de Defensa Pública, jueces y juezas, servidores/as judiciales y otras autoridades de la región.