El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Manuel Monteagudo, expresó su preocupación por la renuncia de Luz Pacheco a la presidencia de la institución, situación que calificó como “lamentable, grave y preocupante” debido al conflicto interno generado en torno a decisiones administrativas adoptadas dentro del organismo.
Durante una entrevista difundida por un medio local, Monteagudo explicó que la dimisión de Pacheco ocurrió el último lunes en plena sesión del Tribunal Constitucional y tomó por sorpresa a los demás integrantes del pleno.
Según detalló, el conflicto se originó luego de que la entonces presidenta aceptara la renuncia del director general de administración, Rodolfo Aurelio Albán Guevara, decisión que posteriormente fue revertida por la mayoría de magistrados del TC.
Monteagudo sostuvo que el reglamento interno del Tribunal Constitucional otorga a la presidencia facultades relacionadas con la conducción administrativa de la institución, incluyendo la conformación de equipos de confianza y la toma de decisiones en ese ámbito.
“Lo que está pasando aquí es que el pleno está, de alguna manera, desconociendo la autoridad de la presidenta en ejercicio de sus funciones”, afirmó el magistrado al referirse a la controversia interna.
Asimismo, indicó que la renuncia del funcionario administrativo ya había sido comunicada previamente al pleno y que incluso se había iniciado un proceso para evaluar posibles reemplazos. Sin embargo, posteriormente una mayoría decidió dejar sin efecto la aceptación de la renuncia luego de que el funcionario optara por retirar su dimisión.
Monteagudo señaló que personalmente se opuso a revertir una decisión que, según sostuvo, había sido tomada válidamente dentro de las atribuciones de la presidencia del TC.
Consultado sobre la existencia de divisiones internas entre magistrados, evitó señalar responsables específicos, aunque confirmó que una mayoría respaldó la posición de que el nombramiento y remoción de altos funcionarios administrativos corresponde exclusivamente al pleno del Tribunal Constitucional.
No obstante, precisó que dicha interpretación del reglamento interno aún puede ser objeto de discusión jurídica e institucional.
La situación ha generado atención en distintos sectores debido al impacto que podría tener sobre la estabilidad y funcionamiento interno del máximo intérprete de la Constitución en el país.
