El altercado protagonizado por la alcaldesa distrital de Ocoña-Camaná, Marilú Gonzales Porras, y la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, ha motivado duras críticas a la titular del Parlamento. Alva interrumpió la intervención de la autoridad edil de Arequipa y le dijo que le baje el tono: “Esta es mi casa y le exijo respeto”, añadió Alva.
En comunicación con La República, la alcaldesa dijo sentirse discriminada, atropellada y maltratada con estas expresiones. Gonzales reconoció que habló enérgicamente para que los congresistas entiendan y escuchen su malestar por el intento de derogar decretos de urgencia. Como se sabe, estas normas legales permiten la transferencia de dinero directo a los municipios para continuar con obras. Las partidas las asigna el Ministerio de Economía y Finanzas.
“No es posible que quieran derogar un decreto de urgencia. Perjudicarían a 336 municipalidades, se irían en contra del pueblo”, refirió la alcaldesa.
Los proyectos de ley se cocinan en el Congreso. Uno de ellos se discute en la Comisión de Constitución, que preside Patricia Juárez. Estos pretenden limitar al Ejecutivo para dar decretos de urgencia y declarar inconstitucionales los decretos 086-2021 y 100-2021.
Estos se implementaron para atender la emergencia sanitaria y transferir recursos de manera urgente. Partidas no solo para el Covid-19, también para la reactivación económica.
Trabas legislativas
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, estas transferencias no pueden esperar las formalidades que exige el procedimiento parlamentario para la emisión de una ley.
De acuerdo al presidente de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe), Víctor Villar, el proyecto de ley “versa sobre el decreto 086-2021 y de la misma forma están trabajando un proyecto de ley sobre el decreto de urgencia 100-2021, por considerar que el artículo 80 establece una reserva legal exclusiva del Congreso para aprobar créditos suplementarios, así como aprueban la Ley del Presupuesto”. Con el decreto 086-2021, el Ejecutivo transfirió el año pasado 2.900 millones de soles a los gobiernos regionales y municipios, mientras que con el decreto 100 se les transferirá otra cantidad.