El Ministerio de Educación (Minedu) alertó que las sanciones administrativas aplicadas a docentes denunciados por agresión sexual resultan insuficientes si no van acompañadas de acciones penales firmes y oportunas por parte de las autoridades competentes.
El director general de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural, José Moreno, informó que en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, todas las denuncias en las que están implicados docentes o personal educativo vienen siendo tramitadas administrativamente por la respectiva UGEL.
Según detalló, el sector Educación ha brindado apoyo técnico en la elaboración de informes y en el acompañamiento a las comisiones disciplinarias. Además, se ha procedido al bloqueo en los sistemas de 513 docentes denunciados por violación sexual, lo que impide su contratación en cualquier UGEL o institución educativa del país, así como su participación en el concurso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial.
No obstante, Moreno señaló que la preocupación actual radica en la lentitud de los procesos penales, cuya competencia recae en el Ministerio Público y el Poder Judicial del Perú. Estos procesos son los únicos que pueden derivar en penas privativas de libertad.
“Nuestras acciones son de carácter administrativo: impiden la contratación o disponen la destitución del docente; sin embargo, no garantizan que el agresor se aleje de la víctima, especialmente cuando pertenecen a la misma comunidad”, explicó el funcionario.
El Minedu advirtió que la permanencia en libertad de personas denunciadas por este tipo de delitos genera un impacto negativo en el bienestar emocional de los estudiantes y afecta directamente el proceso de aprendizaje, dado que la violencia constituye un factor asociado a bajos resultados educativos.
En ese contexto, el sector reiteró que su intervención culmina con la destitución administrativa, pero subrayó la necesidad de que las instancias judiciales actúen con mayor celeridad para asegurar la protección integral de niños, niñas y adolescentes.
La posición del Minedu busca reforzar el mensaje de que la lucha contra la violencia en las escuelas requiere una respuesta articulada entre el sector educativo y el sistema de justicia, para garantizar entornos seguros y libres de agresión.
