El Ministerio de Educación (Minedu) se declaró en alerta permanente ante las emergencias registradas en locales escolares debido a las lluvias torrenciales y deslizamientos que afectan distintas regiones del país. El objetivo es garantizar el inicio del año escolar el 16 de marzo, aseguró el ministro Erfurt Castillo durante una reunión extraordinaria del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres (GT-GRD).
En la sesión participaron los viceministros Walter Borja y Juan Navarro, además de altos funcionarios del sector, quienes evaluaron los daños ocasionados en instituciones educativas ubicadas en zonas declaradas en estado de emergencia. Según el titular del sector, la cercanía del inicio de clases obliga a adoptar medidas urgentes para rehabilitar los planteles afectados y dejarlos en condiciones adecuadas para recibir a los estudiantes.
Castillo exhortó a reforzar el trabajo coordinado con los Gobiernos regionales (GORE) y las municipalidades, así como articular esfuerzos con otros sectores del Estado para ejecutar labores de drenaje y limpieza en los colegios impactados por los fenómenos naturales.
El jefe de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres, Miguel Gonzales Lara, informó que el Minedu brinda asistencia técnica permanente en el marco del Programa Presupuestal 0068, orientado a la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias. Asimismo, el sector acompaña el llenado de fichas de evaluación de daños, difunde boletines preventivos para la comunidad educativa y activa mesas temáticas con cooperantes en contextos de emergencia.
El ministro dispuso que el GT-GRD sesione de manera continua mientras se mantenga el estado de emergencia en 134 distritos del país, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta y asegurar la continuidad del servicio educativo.
La situación pone en evidencia la necesidad de fortalecer la infraestructura escolar y los mecanismos de prevención ante eventos climáticos cada vez más frecuentes. Garantizar el inicio oportuno de clases no solo implica reparar daños, sino consolidar una estrategia de gestión del riesgo que proteja a millones de estudiantes en todo el territorio nacional.
