Muñante denuncia reparto de altos cargos entre Fuerza Popular y APP: «Esto refuerza la impunidad en el Congreso»

El congresista Alejandro Muñante criticó la supuesta distribución de altos cargos entre Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP), lo que, según él, estaría frenando investigaciones clave como la presunta red de prostitución en el Parlamento.

El congresista Alejandro Muñante, miembro de Renovación Popular, respaldó la denuncia realizada por su colega Norma Yarrow ante la Comisión de Fiscalización sobre un supuesto reparto de altos cargos en el Congreso entre las bancadas de Fuerza Popular y APP. En declaraciones a RPP, Muñante calificó esta situación como «lo que todo el mundo sabe», indicando que ambos partidos han copado prácticamente todos los espacios del Parlamento.

Según Muñante, esta presunta distribución de poder no solo limita la transparencia, sino que además dificulta el avance de investigaciones cruciales, como el caso de la presunta red de prostitución que operaría en el Congreso. «Parece que nadie quiere hacer ni mover nada. Hay una lentitud alarmante por parte de los altos funcionarios del Congreso, lo cual, desde la percepción ciudadana, se interpreta como impunidad», señaló.

En este contexto, Muñante enfatizó que tanto el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, como el oficial mayor, Giovanni Forno, deben ser removidos de sus cargos debido a los cuestionamientos sobre su gestión. Además, reveló que su bancada ya está firmando una moción de censura contra Salhuana.

El congresista también criticó la inacción del Ministerio Público, mencionando que recién este miércoles se intervino la oficina del exjefe de la Oficina Legal y Constitucional, Jorge Torres Saravia, como parte de las investigaciones en su contra. «Para algunas cosas son prolijos, pero para otras, lamentablemente no vemos ningún avance», comentó.

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Las declaraciones de Muñante resaltan la urgencia de acciones concretas para esclarecer las denuncias que afectan al Congreso, tanto desde el Legislativo como desde el Ministerio Público. La ciudadanía exige que se depuren responsabilidades y se recupere la confianza en las instituciones.