El hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, continuará siendo investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de organización criminal en el caso conocido como ‘Los Waykis en la Sombra’, luego de que el juez Richard Concepción Carhuancho rechazara un recurso legal que buscaba archivar el proceso.
La defensa de Boluarte había solicitado que se declare improcedente la investigación, argumentando que los hechos imputados no encajarían dentro del marco legal de una organización criminal según la Ley 32108, al no tratarse —según su versión— de una estructura compleja ni de delitos graves que superen los 6 años de pena privativa de libertad. No obstante, el juez consideró que dicha norma no es aplicable al caso, ya que no estaba vigente al momento de los hechos, y su uso implicaría una aplicación ultractiva de la ley penal, lo cual está prohibido por el ordenamiento jurídico peruano.
Con este fallo, la investigación sigue su curso, en el que Nicanor Boluarte también enfrenta cargos por cohecho activo genérico y tráfico de influencias. Según la tesis fiscal, los implicados habrían conformado una red para colocar a personas afines en cargos estratégicos del Estado, como prefectos y subprefectos, con el objetivo de recolectar fichas de afiliación y conseguir aportes económicos destinados a la inscripción del partido ‘Ciudadanos por el Perú’ ante el Jurado Nacional de Elecciones.
Este caso pone nuevamente en tela de juicio el uso de estructuras del Estado para fines políticos, y refuerza la necesidad de garantizar la transparencia institucional. La decisión judicial es un recordatorio de que los vacíos legales no deben servir como escudo frente a investigaciones por corrupción.
