El Congreso aprobó una reforma que redefine el financiamiento público y privado para los partidos políticos, permitiendo la participación empresarial, introduciendo aportes confidenciales y ajustando los montos máximos anuales. Este cambio busca fortalecer la transparencia, pero también plantea desafíos éticos y de control.
El Congreso de la República ha aprobado modificaciones significativas al financiamiento político, ya enviadas al Poder Ejecutivo para su promulgación. Estos cambios se implementarán de cara a las elecciones generales de 2026.
- Regreso de los aportes empresariales
Se restablece la posibilidad de que empresas privadas y personas naturales financien directamente a los partidos políticos, una práctica que estaba prohibida tras el escándalo del caso Lava Jato. Según el abogado José Manuel Villalobos, esta medida incentivará un respaldo financiero responsable hacia partidos con propuestas viables. Sin embargo, la eficacia dependerá del compromiso del sector empresarial. - Aportes confidenciales
Ahora, los aportes podrán realizarse a través del Banco de la Nación sin revelar la identidad del donante. Aunque esta información estará disponible solo para la ONPE, analistas como Enzo Elguera advierten sobre riesgos de falta de transparencia y posibles irregularidades en la trazabilidad de los fondos. - Incremento de montos máximos
El límite de aportes anuales por persona natural o jurídica aumenta a 200 UIT (S/. 1,070,000), con un máximo acumulado de 500 UIT (S/. 2,675,000) para quienes financien a varios partidos. Pese a estos ajustes, especialistas subrayan la necesidad de informes en tiempo real para garantizar la transparencia. - Ampliación del uso del financiamiento público
Los partidos podrán destinar los recursos estatales al pago de abogados de sus dirigentes, pero deberán reembolsar el dinero si hay sentencias condenatorias. Sin embargo, según Óscar Matutti, esta norma presenta riesgos de impunidad y debilidad en los mecanismos de control.
Con estas modificaciones, los partidos políticos en el Perú tienen la oportunidad de consolidar su financiamiento de forma legal y estructurada, pero deben asumir la responsabilidad de manejar estos recursos con transparencia y ética. La vigilancia ciudadana y el fortalecimiento de los controles institucionales serán clave para evitar posibles abusos en el camino hacia las elecciones de 2026.