Los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Jurado Nacional de Elecciones fueron citados este martes a la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por las graves irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril. La citación surge tras una serie de fallas logísticas que afectaron el desarrollo normal de los comicios.
Según lo informado, el proceso electoral tuvo que extenderse hasta el lunes debido a que el material electoral no llegó a tiempo a diversos locales en Lima sur, impidiendo que más de 60 mil ciudadanos ejercieran su derecho al voto el día previsto. Además, se reportaron 211 mesas no instaladas, demoras y problemas operativos que generaron cuestionamientos sobre la organización del proceso. En este contexto, la Comisión de Fiscalización también convocó al Contralor General y al Defensor del Pueblo para evaluar la posible vulneración del derecho al sufragio.
La situación se agravó luego de que el JNE presentara una denuncia penal contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y otros funcionarios por presuntos delitos vinculados a la afectación del proceso electoral. La acusación apunta a fallas en la supervisión logística, señalando que la empresa encargada del transporte no contaba con las unidades suficientes. Asimismo, se cuestionó la implementación de la herramienta tecnológica STAE, que no habría tenido los controles necesarios para garantizar su estabilidad, evidenciando una posible negligencia técnica en la gestión del sistema.
Este escenario pone en el centro del debate la transparencia y confiabilidad del sistema electoral peruano, en un momento clave para la institucionalidad democrática. Las explicaciones que brinden las autoridades y las eventuales sanciones serán determinantes para restablecer la confianza ciudadana en los procesos electorales del país.
