Un reportaje del programa dominical Panorama expuso un presunto esquema de favorecimiento laboral relacionado con el hoy presidente José María Balcázar, cuando ejercía funciones como congresista por la bancada de Perú Libre. El caso involucra a una exalumna suya que obtuvo contratos con el Estado poco después de visitar su despacho parlamentario.
La investigación señala que Carla Bustíos Arteaga, exasesorada de tesis de Balcázar en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, acudió a su oficina el 19 de agosto de 2021. De acuerdo con los registros, un día antes había pagado su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, y apenas 24 horas después consiguió una orden de servicio por 16 000 soles en el Programa Nacional de Saneamiento Rural.
En dicha entidad fue contratada para realizar gestiones administrativas legales, pese a que en ese momento solo contaba con el grado de bachiller. Consultada por el dominical, Bustíos sostuvo que la reunión con el entonces legislador fue un saludo protocolar y negó haber recibido algún tipo de influencia indebida para acceder al contrato.
El vínculo laboral no terminó allí. Entre octubre de 2021 y abril de 2022, Bustíos se incorporó al Congreso de la República como parte de la Comisión para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional, grupo que era presidido por el propio Balcázar. Posteriormente, en octubre de 2022, obtuvo una nueva orden de servicio en el Ministerio de Justicia, continuando su trayectoria en el sector público.
El reportaje también menciona que el mandatario afronta otras investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias. Según la denuncia periodística, habría gestionado el nombramiento de su nuera como fiscal adjunta provincial de derechos humanos en Lambayeque a cambio de un voto parlamentario específico, hechos que actualmente son materia de indagación por parte del Ministerio Público.
De confirmarse estas imputaciones, el caso podría tener repercusiones políticas y legales, en un contexto donde la ciudadanía demanda mayor transparencia en la función pública. La investigación reabre el debate sobre los mecanismos de contratación en el Estado y la necesidad de reforzar los controles para prevenir posibles conflictos de interés.
