En medio de la pandemia de la COVID-19, y la crisis económica generada por esta, resulta vital conocer qué medidas tomaría Pedro Castillo si es elegido en una segunda vuelta y toma el mando del Perú a partir del próximo 28 de julio.
A continuación sus principales propuestas en materia económica:
Nuevo régimen económico
El plan de gobierno de Perú Libre establece la creación de un nuevo régimen económico del Estado al que denominan «Economía Popular Con Mercados», basándose en lo trabajado en países como Bolivia y Ecuador.
Este cambio se propone que el Estado regule el mercado, sea descentralizado, redistribuidor de riqueza y nacionalizador.
Castillo también propone la revisión de contratos estatales que se renegociarán o anularán. Con esta «Nueva libertad de contratar» se indica que se renegociará la proporción del reparto de utilidades, «en las que las transnacionales se quedan con el 70% de las ganancias y el Estado solo con el 30%».
«Planteamos invertir la proporción del reparto de utilidades, 20% a favor de la transnacional y 80% a favor del Estado», sostienen en el planteamiento.
Estatización
Inicialmente el plan de gobierno de Castillo señala que se cambiará el «Estado privatizador y exportador de capitales por un Estado nacionalizador soberano que fortalezca la economía interna invirtiendo sus capitales en el país».
Según indica, si las empresas no aceptan las nuevas condiciones de negociación el Estado procederá nacionalizarlos. Se plantea la «nacionalización» de empresas en sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos, comunicaciones, entre otros.
«La estatización o nacionalización de los principales yacimientos mineros, gasíferos, petroleros y centros energéticos, es lo que garantizará dar uso a nuestros recursos con la soberanía del caso», precisa.
En algunos casos se daría una indemnización al sector privado por lo invertido y administrando el total de las utilidades generadas, pero señalan que solo se daría de ser justificado.
Descentralización económica
El plan de Castillo plantea luchar contra el centralismo económico modificando el presupuesto. De acuerdo con Perú Libre, actualmente el gobierno central se asigna el 70% del presupuesto y deja para los 25 gobiernos regionales el 18% y para las 4385 municipalidades el 12%.
Asimismo, señala que se llevaría a cabo una descentralización tributaria, pues sostiene que actualmente el «gobierno central recauda el 98% de los impuestos fiscales, los municipios el 2% y los gobiernos regionales 0%».
Se indica que se establecería un cambio con el cual los gobiernos subnacionales tendrían la facultad de grabar y recaudar tributos, de los cuales podrían administrar hasta el 70%. El 30% se transferiría al gobierno central.
Política agraria
El plan de Perú Libre argumenta que la política agraria tiene una agenda especial para el incremento del presupuesto y la reducción de los niveles de pobreza y pobreza extrema.
Se propone la tecnificación agrícola, la ampliación de la frontera agrícola, la formalización de la titulación de tierras y la recuperación de tierras agrícolas de proyectos de irrigación que fueron concesionadas al capital extranjero.
Política laboral
De acuerdo con el plan de Castillo, plantea la creación de un código laboral en consenso del gobierno, colegios profesionales y trabajadores con el cual se establecería un cambio en la remuneración mínima vital y en los sueldos de los funcionarios públicos.
Basándose en Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, señala que con esta política los sueldos de los empresarios deberán ser múltiplos de las remuneraciones de los obreros, «así podrá un empresario ganar muy bien, pero pagará a su obrero menos calificado no menos de veinte veces su propio sueldo».
Asimismo, proponen la libertad sindical y establecer formas de participación de los dirigentes gremiales en las diferentes instancias de gobierno.
Por otra parte, señala que las AFP son una «forma de esclavitud moderna», por lo que serían eliminadas paulatinamente y solo se fortalecería al Sistema Nacional de Pensiones (SNP).
Acuerdos comerciales
Así como plantean revisar los contratos de las empresas con el Estado, también indica que se revisarán los tratados de libre comercio (TLC) y otros convenios internacionales.
El partido argumenta que «los TLC son los que han liquidado la empresa nacional, aplicando dumping, es decir, vendiendo un objeto por debajo del costo de producción, con la finalidad de liquidar a las empresas nacionales que compiten en el mercado y lograr la exclusividad».
Las revisiones de estos tratados concluirían en su reafirmación, regulación o anulación.