La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, denunció públicamente la existencia de un supuesto “plan cerco” en su contra, en el que estarían involucrados el Congreso de la República y la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Asegura ser víctima de una campaña de demolición política que buscaría impedir su retorno al Ministerio Público, tras el reciente respaldo del Congreso a su inhabilitación por 10 años.
Según declaraciones ofrecidas a RPP, Espinoza afirmó que las denuncias en su contra provienen de personajes vinculados al partido aprista, entre ellos Miguel Caya, quien ha presentado múltiples acusaciones administrativas. También señaló a los abogados de la exfiscal Patricia Benavides, Jorge del Castillo y Humberto Abanto, como parte de este presunto esquema de persecución, advirtiendo que incluso tienen aspiraciones políticas dentro de dicha agrupación.
La exfiscal indicó que esta ofensiva obedece a las investigaciones sensibles que lideró desde su cargo, lo que habría generado una “venganza política” trasladada al Congreso. Dicha hipótesis se ve reforzada, según ella, por la disparidad de criterios usados para sancionarla, a diferencia de otros fiscales como Villena, Ávalos y Sánchez, quienes no recibieron la misma sanción pese a enfrentar situaciones similares.
Su abogado, Rodolfo Pérez, respaldó estas acusaciones al evidenciar que varios congresistas cambiaron su voto únicamente en el caso de Espinoza, lo que calificó como una clara señal de persecución personal. Además, criticó que se haya ignorado la Constitución al someterla a un juicio político por ejercer su derecho de interponer una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 32130, atribución legítima del Ministerio Público.
Espinoza también recordó que el Poder Judicial ordenó a la JNJ su reposición, con un plazo que vence el próximo lunes. De concretarse su inhabilitación definitiva en el Pleno, adelantó que presentará una nueva demanda de amparo.
Este caso pone en evidencia la frágil relación entre el Congreso y los órganos autónomos del Estado, generando un clima de tensión institucional. Lo que está en juego no es solo el destino de una funcionaria pública, sino la independencia del sistema judicial y el respeto al Estado de derecho.
