A menos de un año de las elecciones generales del 2026, el Perú muestra signos de recuperación económica, aunque enfrenta retos estructurales que exigen atención urgente. Si bien el crecimiento y la estabilidad de precios generan optimismo, la informalidad laboral, el déficit fiscal y la pobreza siguen afectando a millones de peruanos.
Durante el 2025, la economía peruana registró un crecimiento estimado del 3.3%, gracias a sectores clave como la minería, agroexportación, agropecuario y servicios. Para el 2026, el Banco Central de Reserva (BCR) proyecta un avance del 3.0%, manteniendo así un ritmo moderado pero por encima del promedio regional. Además, la inflación se ha mantenido controlada desde abril de 2024, devolviendo cierto alivio a los hogares y permitiendo una política monetaria más estable.
Sin embargo, el escenario preelectoral ha generado cautela en la inversión privada, que según estimaciones solo crecería un 1% en 2026, frente al 11% alcanzado en el último trimestre del 2025. La incertidumbre política retrasa decisiones empresariales clave, lo que puede frenar la generación de empleo y la reactivación plena del país.
Otro foco de preocupación es el déficit fiscal, que el gobierno busca reducir al 2.2% del PBI, luego de dos años sin cumplir con la regla fiscal. Esta meta, según expertos como Alonso Segura del Consejo Fiscal, dependerá de cómo se gestionen los gastos del Estado sin afectar servicios esenciales, evitando trasladar el problema al próximo año.
La pobreza, que afecta a casi 9 millones de peruanos (28% de la población), y la informalidad laboral (más de 13 millones de trabajadores sin beneficios ni seguridad social), representan los mayores desafíos sociales. Esta precariedad genera un círculo vicioso de inestabilidad económica, según alertan especialistas, que impide a muchas familias cubrir siquiera su canasta básica mensual de 454 soles.
Así, el país se encamina al 2026 con indicadores macroeconómicos positivos, pero con un escenario desigual. Para lograr una recuperación tangible, se requiere generar empleo formal, recuperar la confianza empresarial y garantizar que el crecimiento económico se refleje en el bienestar de las personas.
