La reciente designación de Elba Rosa Rojas Álvarez como presidenta del Directorio de Petroperú marca un hito histórico, al convertirse en la primera mujer en asumir dicho cargo. Sin embargo, su nombramiento ocurre en un contexto crítico de inestabilidad institucional y presión financiera para la estatal petrolera.
Desde julio de 2021, Petroperú ha cambiado de liderazgo en 11 ocasiones, con un promedio de permanencia de apenas cinco meses por gestión. La salida de su antecesor, Luis Canales, tras poco más de un mes en funciones, evidencia la fragilidad administrativa de la empresa. Este escenario ha generado creciente preocupación en el Ejecutivo, especialmente en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que ha descartado nuevos aportes económicos para la compañía.
La ministra Denisse Miralles fue clara: no se contemplan más inyecciones de capital, sino una profunda reestructuración que será oficializada mediante dispositivos legales antes del 31 de diciembre de 2025. Según indicó, Petroperú representa un gasto insostenible para el país, agravado por la falta de información financiera transparente desde la gerencia actual.
A pesar de reportar un EBITDA positivo de $39 millones en el tercer trimestre de 2025, gracias al funcionamiento de la Nueva Refinería de Talara, el balance general sigue siendo preocupante. La empresa mantiene un flujo de caja negativo de $359 millones y un elevado nivel de deuda, lo que acentúa el riesgo fiscal.
Entre 2022 y 2024, el Estado ha desembolsado S/ 17,888 millones para sostener la empresa, lo que equivale al 1.6 % del PBI nacional. En lo que va del 2025, ya se han honrado garantías por $900 millones, un gasto que supera los presupuestos de sectores fundamentales como Salud y Educación. Según el MEF, Petroperú sufre de insolvencia operativa, estrés de liquidez y está al borde de un default técnico.
De cara al futuro, diversas voces expertas han planteado opciones para salvar la empresa. Alejandro Narváez, expresidente del directorio, propone un modelo mixto de capital, como Ecopetrol o Petrobras, con mayoría estatal y minoría privada. Cree que el problema no es de fondo, sino de gestión y liquidez.
Por otro lado, Pedro Gamio, exviceministro de Energía, afirma que la empresa está en «cuidados intensivos» y requiere de un reestructurador internacional. Sugiere la entrada de socios privados para limitar la injerencia política, reducir el personal excedente y aprovechar la capacidad de la refinería para procesar crudo pesado de Ecuador.
Finalmente, Carlos Paredes, también expresidente del directorio, recomienda que la reestructuración sea liderada por ProInversión. Sugiere una escisión de activos, separar unidades de negocio como la refinería y el oleoducto, y la venta de activos no estratégicos, como el edificio principal de Petroperú.
El nombramiento de Elba Rojas simboliza un avance en términos de representación femenina, pero el verdadero desafío es recuperar la sostenibilidad y credibilidad de Petroperú. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para determinar si la estatal petrolera podrá reinventarse o si seguirá siendo una carga fiscal para todos los peruanos.
