Después de dos días de intercambiar experiencias en busca de mejorar la administración de justicia y repotenciar estrategias en la lucha contra la criminalidad, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, jueces supremos y presidentes de 35 cortes de todo el país , llegaron a importantes acuerdos que quedaron plasmados en la declaratoria de Trujillo que, esta tarde, se firmó durante la clausura de este importante encuentro en el que participaron además especialista extranjeros .
Entre los principales puntos alcanzados, acordaron la inmediata evaluación de desempeño de todos los jueces y juezas supernumerarias del país de la especialidad penal.
Asimismo, exhortan a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) que actúe llevando acciones eficaces de prevención en el marco de sus competencias con la mayor celeridad y severidad contra jueces y juezas para sancionar conductas disfuncionales.
En otros acuerdos, ratificaron su compromiso de actuar con autonomía e independencia en sus decisiones, además reafirmaron su responsabilidad en la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana y la corrupción
También se comprometieron a reforzar la capacidad de respuesta institucional y a usar todos los instrumentos jurisdiccionales para promover eficazmente la implementación de las unidades de flagrancia y la virtualización de los procesos.
Los magistrados reafirmaron su compromiso de construir una administración de justicia moderna, acorde con las nuevas tecnologías de la información y al eficiente manejo y procesamiento de los datos, usando dichas herramientas tanto en las labores jurisdiccionales como administrativas.
Además, disponer la sistematización de las sentencias para que la información sea analizada cualitativa y cuantitativamente para que se incorpore en el mediano plazo herramientas de inteligencia artificial.
Finalmente, solicitaron a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la convocatoria para el nombramiento de jueces y juezas titulares.
Al Ministerio Público le solicitaron que exhorte a sus miembros, para que en el ejercicio de sus funciones de persecución del delito, den cumplimiento a todos los requisitos de forma en sus requerimientos de prisión preventiva, a fin de evitar que deficiencias formales puedan justificar el rechazo de sus peticiones.
Asimismo, solicitaron al Poder Legislativo, aprobar una legislación especial que permita combatir la criminalidad en forma severa y oportuna teniendo en cuenta que nos estamos enfrentando a organizaciones criminales que amenazan la existencia del propio Estado y al Poder Ejecutivo le pidieron asumir el liderazgo de la lucha contra la criminalidad y disponer el otorgamiento de los recursos necesarios para este fin como una muestra del compromiso de lucha integral contra la delincuencia y el crimen organizado.