El Poder Judicial admitió a trámite la querella presentada por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, por el presunto delito de difamación agravada. La decisión abre formalmente el proceso judicial y marca un nuevo episodio en la tensión entre el Ministerio Público y el Legislativo.
La medida fue adoptada por la jueza suprema provisional Norma Carbajal, quien concluyó que el recurso presentado por Espinoza Valenzuela cumple con los requisitos legales establecidos en el artículo 460 del Código Procesal Penal. En una resolución emitida el 22 de enero, la magistrada dispuso que la querella sea puesta en conocimiento del titular del Parlamento, a fin de que, si lo considera pertinente, amplíe su contestación.
El origen del caso se remonta a un mensaje publicado el 7 de julio de 2025 en la red social X, en el que Fernando Rospigliosi afirmó que Delia Espinoza sería aliada del terrorismo y de economías ilegales, en referencia a una reunión que sostuvo con familiares de víctimas de las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023. La exfiscal sostiene que dichas expresiones afectaron gravemente su honor y reputación.
Según el escrito presentado ante el Poder Judicial del Perú, Espinoza indicó que el 10 de julio de 2025 remitió una carta notarial a Rospigliosi solicitando una rectificación, al considerar que sus afirmaciones excedían el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, aseguró que no solo no hubo corrección alguna, sino que el parlamentario ratificó sus declaraciones.
Ante ello, la exfiscal de la Nación solicitó que se imponga a Rospigliosi una pena de dos años y cuatro meses de prisión, además del pago de S/ 1 millón por concepto de reparación civil. La admisión de la querella no implica un fallo definitivo, pero sí da inicio a una etapa clave del proceso, en la que se evaluará la responsabilidad penal por expresiones emitidas en el ámbito político.
El caso vuelve a poner en debate los límites entre la crítica política y la difamación, así como el uso de redes sociales por altos funcionarios, en un contexto de alta polarización institucional.
