La presidenta Dina Boluarte ha sido objeto de controversia tras revelarse que, además de un significativo aumento de sueldo, cuenta con una tarjeta electrónica recargable de S/ 5,000 mensuales para gastos de alimentación, que cubre compras en supermercados, restaurantes y otros comercios afiliados. Este beneficio se suma a su sueldo, lo que genera un amplio debate sobre la justificación y la transparencia de estas medidas.
De acuerdo con un reportaje del programa Punto Final, el Despacho Presidencial contrató una tarjeta de la marca Pluxee (anteriormente conocida como Sodexo) con el fin de cubrir los gastos de alimentación de la presidenta y su familia. Este beneficio se encuentra registrado en la Adjudicación Simplificada 002-2024, y aunque no tiene un límite de consumo diario, no permite retirar dinero en efectivo. En caso de que el saldo mensual de S/ 5,000 se agote, el despacho puede solicitar una recarga adicional al proveedor. La polémica aumentó cuando el Palacio de Gobierno se negó a revelar los detalles sobre los consumos realizados con esta tarjeta, argumentando que hacerlo podría poner en riesgo la seguridad de la mandataria.
Cabe señalar que este tipo de beneficio había sido utilizado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2018, pero fue suspendido posteriormente y reactivado en la gestión de Boluarte. Los expresidentes Francisco Sagasti y Martín Vizcarra negaron haber utilizado dicho recurso.
Por otro lado, la reciente publicación del Decreto Supremo N.º 136-2025-EF otorga a Dina Boluarte un incremento salarial, aumentando su sueldo de S/ 15,600 a S/ 35,568 mensuales. Este aumento ha generado rechazo en algunos sectores del Congreso, que han presentado proyectos de ley para derogar el decreto, aunque se debatirán solo hasta finales de julio.
Estos beneficios y aumentos salariales generan preocupación sobre la percepción pública de la gestión presidencial. La falta de transparencia sobre los detalles de los gastos y el rechazo de la sociedad ante este tipo de medidas podrían afectar aún más la imagen de la presidenta y su administración. La ciudadanía espera una mayor claridad y justificación en torno a estos recursos públicos.
