El Congreso dio un paso clave en la aprobación del Presupuesto Público 2026, un monto que supera los S/ 257 mil millones y que marca un crecimiento moderado respecto al año anterior. La decisión fue unánime en la Comisión de Presupuesto, que respaldó el texto sustitutorio planteado para financiar sectores esenciales como salud, justicia y seguridad ciudadana, así como la gestión regional y municipal.
El nuevo presupuesto asciende a S/ 257 561 millones, lo que implica un incremento de S/ 5 761 millones frente al 2025, equivalente a un crecimiento del 2,3 %. Esta proyección cumple con el principio de equilibrio fiscal y mantiene los límites globales fijados por el Estado. La ley estará vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, aunque algunos artículos como los referidos al bono excepcional y medidas de personal entrarán en efecto al día siguiente de su publicación en El Peruano.
En cuanto a la distribución del gasto, los recursos se asignan al Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales para cubrir gasto corriente, inversión pública y servicio de deuda. Entre las partidas específicas destacan más de S/ 2 535 millones para continuar el Aseguramiento Universal en Salud, S/ 19.8 millones para fortalecer órganos jurisdiccionales, transferencias condicionadas para mejorar la seguridad ciudadana, y S/ 700 millones en incentivos para municipalidades y regiones. Sectores como Trabajo, Vivienda y DEVIDA también quedaron autorizados a realizar transferencias financieras durante el 2026.
Uno de los enfoques más relevantes es la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, considerada una prioridad nacional. Para ello, el MEF coordinará con entidades como el Ministerio del Interior, Justicia, Ministerio Público y Poder Judicial la creación de un Programa Presupuestal Orientado a Resultados, especialmente dirigido a fortalecer la respuesta del Estado frente a estas amenazas.
El dictamen incorpora además flexibilidades para gestionar recursos dentro de cada sector sin solicitar fondos adicionales, pero mantiene límites estrictos al gasto en personal, prohibiendo aumentos en regímenes como CAS, SERUMS y consultorías. Asimismo, se refuerzan controles para la ejecución de inversiones, exigiendo certificación presupuestal antes de adjudicar proyectos y estableciendo reglas de sostenibilidad. Finalmente, se autoriza el uso de canon y regalías para financiar IOARR, siempre que se cumplan obligaciones previas.
El avance de este presupuesto no solo define el rumbo fiscal del próximo año, sino que también marca las prioridades del país en seguridad, salud y desarrollo territorial. Su correcta aplicación será clave para sostener la estabilidad económica y mejorar los servicios públicos.
