Con el propósito de proteger a la mujer y fortalecer la lucha contra la violencia de género que ha venido en aumento en las últimas semanas, la congresista Auristela Obando Morgan (Fuerza Popular), ha presentado un proyecto de ley que tiene por objeto facilitar el acceso público y sin restricciones al Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA) para cuyo efecto se plantea modificar el artículo 42 de la Ley 30862.
La aprobación de esta iniciativa permitiría que la ciudadanía pueda acceder a información de los antecedentes oficiales por agresión y sus respectivas condenas. Facilitando el acceso a esta información a las mujeres o las personas allegadas que tendrían elementos de juicio para protegerse o alejarse de individuos registrados, brindando así una alerta certera para evitar cualquier riesgo a su seguridad personal y/o del entorno familiar.
Es importante conocer que el Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA) y el Registro Nacional de Condenas es un sistema administrativo encargado de suministrar un banco de datos actualizado con información que permite identificar y perfilar a las víctimas y sus agresores, como instrumento de conocimiento adecuado para dirigir la acción tanto preventiva como investigadora por parte de los actores competentes.
La legisladora Obando Morgan ha presentado esta iniciativa amparada en artículo 107° de la Constitución Política del Perú, y de conformidad con lo establecido en los artículos 74°, 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la República.
RUVA
En el marco de la Ley 30364, el RUVA tiene como finalidad, brindar información a los operadores y operadoras de justicia e instituciones intervinientes, para coadyuvar en la toma de decisiones destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
«El Registro Único de Víctimas y Agresores tiene carácter público, el Poder
Judicial y las autoridades competentes, permitirán el acceso de la información
a través de su página web, sin restricciones alguna a todo ciudadano que lo
requiera», indica un comunicado de prensa del despacho de la mencionada parlamentaria.
La Constitución Política establece que la defensa de la persona humana y el respeto
a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, todo ciudadano tiene
derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre
desarrollo y bienestar y por tanto, esta iniciativa, busca ampliar y el fortalecer los alcances de nuestra Carta Magna.