La ola de extorsiones que afecta a diferentes gremios de nuestro país continúa siendo uno de los temas centrales de la agenda pública, debido a la gran cantidad de crímenes que ha generado, lo cual motivó que se realizaran dos paros de transportistas en Lima la semana pasada y el anuncio de medidas similares en los próximos días si las acciones del Ejecutivo ante este flagelo no tienen un efecto concreto.
Este martes, en diálogo con RPP, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integridad de Transportistas (Anitra), indicó que los gremios de Lima y Callao tienen en su plataforma de demandas que el Congreso derogue la Ley N° 32108 porque «está perjudicando a todos los ciudadanos en materia de seguridad y dando pie a las organizaciones criminales«.
«De hacer caso omiso el Legislativo, de no querer derogar esta ley, tomaremos acciones ya de un paro a nivel nacional con todos los gremios conformados a nivel nacional», resaltó.
¿Qué ha dicho el Congreso? Si bien el lunes el titular del Legislativo, Eduardo Salhuana, indicó que iba a proponer en la Junta de Portavoces que se revise dicha norma por haber «excluído varios delitos penales graves«, horas después, dicha instancia del Parlamento decidió que no se revise la ley en el pleno, sino que se pida un nuevo dictamen en la Comisión de Justicia. Tal decisión fue tomada por las bancadas de Perú Libre, Avanza País, Podemos, Acción Popular, Fuerza Popular, Renovación Popular, Honor y Democracia, Somos Perú, Bloque Magisterial y Alianza para el Progreso (APP).
Pero, ¿por qué ha causado tanta polémica esta ley promulgada por el Congreso el 9 de agosto de este año?
RPP revisó las circunstancias en que fue aprobada esta propuesta, presentada por el segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón (Perú Libre), y recogió las opiniones sobre ella del fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada; del doctor Rául Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL); y del abogado penalista Juan José Quispe. Todos coincidieron en que dicha normativa ha generado dificultades en la penalización de delitos como extorsión y sicariato y aquellos vinculados a corrupción de funcionarios. (RPP)