El Tribunal Supremo del Reino Unido dictó un fallo unánime que establece que la definición legal de «mujer» en la Ley de Igualdad de 2010 se refiere exclusivamente al sexo biológico, no al género autoidentificado ni a los Certificados de Reconocimiento de Género. Esta sentencia marca un precedente legal clave en medio de un debate cada vez más polarizado sobre derechos, identidad de género y políticas públicas.
La resolución responde a una disputa iniciada por la organización For Women Scotland contra el Gobierno escocés, que pretendía incluir a personas transgénero con CRG dentro de las cuotas destinadas a mujeres en organismos públicos. La Corte Suprema rechazó dicha interpretación y reafirmó que, en términos legales, el sexo es binario y debe basarse en características biológicas, no en documentos legales de cambio de género.
En una decisión de 88 páginas, los jueces Lord Hodge, Lady Rose y Lady Simler explicaron que los términos “sexo” y “mujer” en la ley se refieren estrictamente a mujeres biológicas. Sin embargo, aclararon que las personas trans siguen protegidas por otras disposiciones de la ley, como las relacionadas a la reasignación de género, con salvaguardas contra la discriminación y el acoso.
El fallo tiene implicancias directas en la gestión de espacios diferenciados por sexo, como baños, vestuarios, refugios, hospitales y clubes deportivos. También puede incidir en políticas sobre igualdad salarial, maternidad y participación en eventos deportivos, al restringir las protecciones de ciertas leyes exclusivamente a mujeres nacidas biológicamente como tales.
Portavoces del Gobierno británico resaltaron que el dictamen brinda claridad jurídica a instituciones que deben gestionar servicios diferenciados por sexo. Por su parte, los jueces advirtieron que definir el sexo legal como un «certificado» en lugar de «biológico» podría generar incoherencias legales, afectando la existencia de espacios diseñados exclusivamente para mujeres.
Este fallo abre una nueva etapa en el debate sobre cómo equilibrar los derechos de las mujeres y los de las personas transgénero dentro del marco legal británico, marcando un precedente que podría influir en futuras leyes y políticas públicas en el Reino Unido y más allá.