Una investigación periodística reveló que un grupo de jóvenes profesionales sostuvo reuniones con el presidente de la República, José Jerí, en Palacio de Gobierno y que, días después, sus nombres aparecieron vinculados a contratos y órdenes de servicio en distintas entidades del Estado, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión pública.
El reportaje de Cuarto Poder identificó al menos cinco mujeres, de entre 29 y 38 años, cuyas visitas al Despacho Presidencial quedaron registradas oficialmente. Según la investigación, estos encuentros precedieron a la obtención de servicios y cargos en instituciones públicas.
Uno de los casos expuestos es el de Ledy Guadalupe Vela Ramírez, ingeniera ambiental y persona cercana al mandatario desde antes de que asumiera la jefatura del Estado. El 1 de noviembre de 2025, día feriado, ingresó a Palacio por la noche y permaneció casi cinco horas. Veinte días después obtuvo una orden de servicio en EsSalud por 6 330 soles y, una semana más tarde, un contrato como locadora FAG en el Ministerio del Ambiente por 11 000 soles, sin haber culminado el primero. Además, tras una visita previa del presidente al Ministerio de la Producción, Vela recibió otro contrato por 9 000 soles para capacitaciones dirigidas a mypes.
La ingeniera confirmó la reunión con el presidente, señalando que se trató de temas personales, al sostener que ambos son amigos desde hace años. Ese mismo día, también ingresó a Palacio Rubiel Cristina Beraun Rojas, quien luego obtuvo una orden de servicio en el Despacho Presidencial por 6 500 soles para labores de comunicación interna. Ambas estuvieron presentes en la ceremonia de juramentación del mandatario.
El abogado especialista en contrataciones del Estado José Trelles advirtió que el presidente no debería participar en reuniones previas con profesionales que luego brindan servicios al Estado, ya que estos procesos deben ser gestionados por instancias técnicas y no desde la máxima autoridad política.
El informe también menciona a Violeta Emperatriz Beas Otero, quien tras una visita prolongada a Palacio fue designada como secretaria nacional de la Juventud en el Ministerio de Educación, y a Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, abogada que ingresó en reiteradas ocasiones al despacho presidencial y luego recibió una orden de servicio por 11 000 soles.
Otro caso señalado es el de Alicia Alexandra Camargo Leiva, quien acompañó al presidente en una reunión con el empresario chino Zhihua Yang y, días después de visitar Palacio, fue contratada como locadora FAG en la Secretaría General.
El analista político Iván García cuestionó duramente estos hechos y recordó que el Despacho Presidencial es el espacio político de mayor relevancia del país y no debe convertirse en una agencia de empleos. Asimismo, Trelles enfatizó que el Código de Ética de la Función Pública prohíbe reuniones que puedan derivar en conductas indebidas.
El reportaje concluye que la reiteración de visitas seguidas de contratos plantea serias dudas sobre el uso del Despacho Presidencial y la necesidad de mayores controles para evitar posibles favores laborales desde el más alto nivel del Estado.
