Los presidentes de diversas cortes superiores de justicia del país expresaron su respaldo a la conformación de una Comisión de Trabajo que elaborará una propuesta de modificación normativa integral sobre la ratificación de jueces y juezas, según lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia Cuya Lavy y otros vs Perú.
Esta comisión estará presidida por la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y estará integrada por magistrados/as de los distintos niveles de la Judicatura.
El titular del Distrito Judicial de Loreto, Carlos Del Piélago Cárdenas, señaló que la propuesta de la magistrada se ajusta a la sentencia Cuya Lavy vs. Perú, lo cual significa que está respetando los estándares internacionales respecto a la protección de la independencia de los jueces y juezas.
“La posición de la Presidenta del Poder Judicial es buena y esperamos que se logre el objetivo, que se fortalezca la institución y que podamos contribuir con el desarrollo del país”, manifestó.
En ese mismo sentido, la titular de la Corte de Cusco, Yenny Delgado Aybar, calificó de válida dicha propuesta al señalar que la ratificación de magistrados/as por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene muchas fallas y vulnera derechos de los jueces y juezas.
ADECUAR LEGISLACIÓN
A su turno, el máximo representante del Distrito Judicial de Arequipa, Javier Fernández Dávila Mercado, expresó su acuerdo con la referida conformación y explicó que, efectivamente, la sentencia Cuya Lavy vs. Perú obliga al Estado peruano a realizar cambios estructurales en la normativa.
“El Estado tiene que adecuar su legislación, no solamente el Reglamento sino también la Ley e incluso la Constitución, es una obligación de Estado”, aseguró.
Respecto, a la decisión de la JNJ de no suspender la convocatoria N° 001-2021-RATIFICACIÓN/JNJ, los titulares de la Cortes Superiores en mención expresaron su disconformidad.
“Este tipo de decisiones no puede ser producto de un acto arbitrario, tiene que ser de acuerdo a los cánones y estándares internacionales”, coincidieron los antes mencionados.
César Sahuanay Calsín, presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, consideró que hay una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que se debe respetar.
“Este tribunal ha encontrado responsabilidad en el Estado peruano, los instrumentos que han sido utilizados por la JNJ no han cumplido con los estándares necesarios”, indicó.
El titular de la Corte de San Martín, Heriberto Gálvez Herrera, sostuvo que es importante que la Presidenta del Poder Judicial lidere la comisión para elaborar la propuesta de modificación normativa sobre el proceso de ratificación.
“Sin embargo, considero que no solo es un buen gesto en el ámbito normativo, la JNJ está en la obligación de suspender el actual proceso de ratificación de magistrados, (…) es necesaria la suspensión hasta que el Legislativo modifique el marco regulatorio”, indicó.
Por su parte, Máximo Osorio Arce, presidente de la Corte Superior de Lima Este, indicó que todos los magistrados/as están en desacuerdo con la decisión de la JNJ.
“La sentencia de la Corte IDH es clarísima en cuanto a la obligación del Estado peruano a cambiar precisamente esas reglas de ratificación, porque constituyen una afectación a la independencia de los jueces”, acotó.