El presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro, expresó su expectativa de que el nuevo gabinete ministerial del gobierno de José María Balcázar sea “lo más razonable y responsable posible”, en un contexto marcado por la incertidumbre política. Asimismo, confió en que el equipo que juramentará el 24 de febrero se presente a la brevedad ante el Parlamento para solicitar el voto de confianza.
Rospigliosi sostuvo que la pronta exposición del gabinete ante la representación nacional es clave para reducir la incertidumbre generada por los recientes acontecimientos políticos. En relación con la designación de Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros, destacó su trayectoria nacional e internacional, aunque señaló que será importante observar su influencia en la conformación del resto del equipo ministerial.
El titular del Legislativo también manifestó preocupación por el perfil de algunos posibles integrantes del gabinete, advirtiendo sobre un eventual entorno político vinculado al expresidente Pedro Castillo, actualmente recluido en el penal de Barbadillo. Sin embargo, indicó que no se deben anticipar conclusiones antes de conocer oficialmente los nombramientos.
En otro momento, calificó como inviable un eventual indulto a Pedro Castillo, señalando que dicho procedimiento requiere la opinión de una comisión especializada y el cumplimiento de trámites formales. Añadió que, de concretarse sin el debido sustento legal, se configuraría una grave vulneración del marco constitucional.
Durante la semana de representación, Rospigliosi informó que visitó el penal Virgen de la Merced, en Chorrillos, para verificar la situación de militares detenidos. Expresó su preocupación por casos en los que, según indicó, no se estaría aplicando adecuadamente la Ley 32107, norma declarada constitucional por el Tribunal Constitucional (TC) y que según recordó fue utilizada en el caso de Daniel Urresti.
El congresista señaló que existen interpretaciones judiciales que, a su juicio, no estarían expresamente previstas en el ordenamiento penal peruano, particularmente en procesos vinculados a militares y policías que participaron en la lucha contra el terrorismo. En ese sentido, exhortó a la Junta Nacional de Justicia y a los órganos de control del Poder Judicial a supervisar la actuación de magistrados y garantizar el respeto al principio de legalidad.
Las declaraciones se producen en un momento clave para la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde la presentación y eventual voto de confianza al nuevo gabinete marcarán el tono de la gobernabilidad en los próximos meses.
