Que los miembros de las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional del Perú en las operaciones de intervención a los mercados ilegales de venta de celulares robados, es la propuesta de la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga.
Y es que la burgomaestre considera que el anuncio realizado por el Poder Ejecutivo de elevar la pena hasta por 30 años como consecuencia del robo de celulares, no reducirá necesariamente los índices delictivos en este rubro ni solucionará el problema de fondo.
“Es urgente que se intervengan los mercados ilegales de celulares robados, de manera coordinada entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, pero en esta oportunidad con el apoyo de las Fuerzas Armadas, para asegurar que las intervenciones obtengan los resultados que se necesitan en la lucha contra la delincuencia”, sostuvo la autoridad edil.
Vizurraga agregó que la medida se encontraría plenamente justificada debido al Estado de Emergencia que actualmente se ejecuta en el Cercado de Lima, donde se ubican los principales centros de comercialización de los más de 4 mil celulares que son robados a diarios en la capital.
“Incrementar el número de años en las penas a los delincuentes, no es una solución efectiva a la problemática de inseguridad que vive nuestro país. El sistema de justicia en su totalidad requiere de muchos ajustes, por lo que tenemos que atacar el problema desde su núcleo”, manifestó.
La alcaldesa de San Isidro reiteró que se requieren de políticas de Estado concretas para fortalecer a la Policía Nacional del Perú como institución en su lucha contra la delincuencia.
El Ejecutivo anunció que se ha aprobado un Decreto Legislativo destinado a fortalecer las medidas de prevención y combate contra el comercio ilegal de teléfonos celulares en el país.
Esta medida implica modificaciones al Código Penal, específicamente en la categoría de robo agravado, donde se incluye el robo de equipos terminales móviles, informáticos y similares como una circunstancia agravante. Con esta modificación, aquellos que cometan este tipo de delito enfrentarán penas de 12 a 20 años de prisión. Si en la comisión del delito se utilizan explosivos o vehículos motorizados, la pena se agravará y oscilará entre 20 y 30 años.