La aprobación del proceso concursal ordinario solicitado por Telefónica del Perú marca un giro trascendental en el destino de una de las compañías de telecomunicaciones más importantes del país. Desde ahora, ya no serán los accionistas quienes tomen decisiones clave, sino sus acreedores, lo que abre múltiples escenarios respecto a su continuidad operativa y el impacto en millones de usuarios.
El organismo regulador Indecopi ha dado luz verde al procedimiento, que según la legislación peruana, transfiere el control estratégico de la empresa a quienes poseen créditos pendientes, como la SUNAT, proveedores, bancos, trabajadores y otros bonistas. En este esquema, Indecopi actúa únicamente como facilitador del proceso, pero las decisiones fundamentales —como si Telefónica será reestructurada o liquidada— recaerán en una junta de acreedores, no en una asamblea de accionistas.
En las próximas semanas, cualquier empresa o persona natural que tenga deudas pendientes por cobrar podrá presentarse para ser reconocida como acreedora. Concluido ese plazo, se conformará oficialmente la junta, que decidirá si la compañía sigue adelante bajo una nueva estructura o si se opta por su cierre definitivo. Aunque legalmente esto debería resolverse en dos o tres meses, expertos advierten que por la complejidad del caso, el proceso podría extenderse considerablemente.
La gran duda es cómo esto afectará a los usuarios. Según especialistas, mientras no se acuerde ni se ejecute una liquidación formal, los servicios deben mantenerse operativos. Si se elige la reestructuración, no habría mayores cambios para los clientes. Sin embargo, una eventual liquidación podría conllevar la suspensión de servicios, lo que afectaría directamente a millones de peruanos.
Por la magnitud del caso, algunos lo consideran un ejemplo de empresa “too big to fail” (demasiado grande para quebrar). Incluso han surgido voces, como las de algunos sindicatos de trabajadores, que proponen una nacionalización para asegurar la continuidad de sus operaciones. El desenlace aún es incierto, pero lo que sí está claro es que el futuro de Telefónica del Perú ha entrado en una etapa crítica y de alta sensibilidad para el país.