La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, y la titular del Congreso, Lady Camones Soriano, sostuvieron esta tarde una reunión para tratar las mejoras salariales de los/as servidores judiciales en el Presupuesto General de la República 2023.
Barrios Alvarado informó que en la reunión, la titular del Congreso ofreció su compromiso para viabilizar lo aprobado por el Ejecutivo, como el crédito suplementario para el otorgamiento del bono Vida Sana para los que ganan menos de S/1950, el aumento de remuneraciones para el personal CAS y el reconocimiento del tercer tramo de la escala remunerativa.
La autoridad judicial indicó que el Poder Ejecutivo ya expresó su disposición para cumplir con el referido requerimiento presupuestal.
Indicó, asimismo, que en la cita realizada en la sede del Congreso, le expresó a Camones Soriano su disposición para coadyuvar a la aprobación del presupuesto requerido, estableciendo las necesidades del Poder Judicial, ya aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En el encuentro, que duró casi una hora, también participaron dirigentes sindicales entre ellos Saúl Navarro Gonzales, de la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial (FNTPJ); Dolores Sánchez Ramírez, de la Federación Nacional de Sindicatos del Poder Judicial (Fenasipoj); y Luis Sánchez López, del Sindicato Unitario de Trabajadores del Poder Judicial-Lima.
Por otro lado, la máxima autoridad del Poder Judicial instó a los trabajadores/as judiciales “a estar unidos, en estos momentos tan importantes, y así demostremos a la ciudadanía el compromiso de servir mejor”.
En diálogo la prensa, lamentó los enfrentamientos entre el Ejecutivo y la Fiscalía, en razón de las investigaciones referidas sobre presuntos actos de corrupción en el gobierno.
«Tiene que haber una línea de diálogo y de respeto mutuo entre quienes están al mando de las instituciones «, sostuvo.
Además, aclaró que el cambio del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, no depende del Poder Judicial, porque “normativa y legalmente no es posible”, sino que se rige por la Ley Orgánica del JNE, y en caso hubiere un comportamiento disfuncional compete intervenir a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y no a la Corte Suprema de Justicia.