El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que habilita a su gobierno a imponer tarifas adicionales a los bienes provenientes de países que suministren petróleo, directa o indirectamente, a Cuba. La medida, anunciada el 29 de enero, refuerza la presión económica sobre la isla y amplía el margen de acción de Washington en el marco de su política exterior.
Según informó la Casa Blanca, la decisión se justifica como una acción para proteger la seguridad nacional y responder a lo que la administración califica como “acciones malignas del régimen cubano”. El decreto faculta a las Secretarías de Comercio y de Estado a implementar el esquema arancelario, dejando en manos del secretario de Estado, Marco Rubio, la última palabra sobre la aplicación y el alcance de las sanciones.
El secretario de Comercio, Howard Lutnick, será el encargado de determinar qué países facilitan petróleo a Cuba, mientras que Rubio evaluará si corresponde aplicar aranceles y en qué magnitud. Trump se reservó, además, la potestad de modificar o suspender la orden si Cuba o los países involucrados adoptan medidas que se alineen con los intereses estratégicos de Estados Unidos.
La iniciativa se inscribe en una escalada de presión contra Cuba, que permanece bajo embargo económico estadounidense desde 1960. La administración Trump no oculta su interés en un cambio de gobierno en la isla, postura que ha sido reiterada por el propio presidente, quien aseguró que Cuba “no podrá sobrevivir” a esta nueva medida. En la misma línea, Rubio admitió ante el Senado que un cambio de “régimen” sería “beneficioso” para Estados Unidos, aunque sostuvo que no se buscaría provocarlo directamente.
El decreto también acusa al Gobierno cubano de violar derechos humanos, reprimir a la oposición, y de respaldar a adversarios estratégicos de Washington como Rusia, China e Irán, además de brindar presunto apoyo a grupos considerados terroristas. Estas afirmaciones refuerzan el marco político que sustenta la decisión arancelaria.
Las repercusiones alcanzan a México, uno de los países observados por Washington. El gobierno de Claudia Sheinbaum reconoció recientemente una pausa temporal en los envíos de crudo de PEMEX hacia Cuba, aunque aclaró que se trata de una decisión soberana vinculada a factores contractuales y no a presiones estadounidenses. Sheinbaum subrayó que la ayuda humanitaria a la isla continuará, mientras busca mantener un equilibrio diplomático con Estados Unidos.
Este nuevo movimiento de la Casa Blanca redefine el tablero regional y tensa las relaciones internacionales en el Caribe y América Latina, al incorporar sanciones indirectas como herramienta para aislar económicamente a Cuba y condicionar a terceros países.
