Un grupo de congresistas ha presentado una denuncia constitucional contra cuatro miembros de la Junta de Fiscales Supremos, acusándolos de haber publicado un reglamento que contradice una norma reciente del Congreso. La denuncia, presentada por los parlamentarios Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín, incluye a los fiscales Juan Carlos Villena, Delia Espinoza, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez. Se les acusa de abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.
Los congresistas señalan que los fiscales cometieron infracción a la Constitución al emitir un reglamento que contraría una ley que devuelve a la Policía Nacional las facultades de investigación preliminar, la cual fue aprobada recientemente por el Parlamento.
La denuncia, presentada el miércoles, se basa en un comunicado emitido por el Ministerio Público el pasado 14 de octubre, en el que se anunciaba la publicación de un reglamento para coordinar la investigación de delitos entre los fiscales y la Policía Nacional. Para los denunciantes, este reglamento contradice la Ley N° 32130, que devuelve a la Policía Nacional la dirección de las investigaciones preliminares. Según el congresista Fernando Rospigliosi, esta acción de los fiscales supremos es una afrenta a la reciente legislación aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo.
En la denuncia, se detalla que los fiscales incluyeron disposiciones reglamentarias que son «contrarias al texto de la ley», generando un conflicto entre la aplicación del Código Procesal Penal y la nueva normativa.
El documento solicita que los cuatro fiscales denunciados sean inhabilitados para ejercer cargos públicos durante diez años por su presunta actuación irregular. Además, se acusa a los fiscales de haber utilizado sus funciones para intentar mantener vigentes disposiciones derogadas por la nueva ley.
Este conflicto subraya la continua fricción entre los poderes Legislativo y Judicial en la lucha por el control y la dirección de las investigaciones preliminares. La denuncia de los congresistas podría generar un debate más amplio sobre el equilibrio de poderes en Perú y las atribuciones de los fiscales en el contexto de las investigaciones penales. (RPP)