La Contraloría General de la República inició un amplio operativo en 189 municipalidades del país y en cinco distritos de Lima Metropolitana para supervisar el Programa de Complementación Alimentaria (PCA), que atiende a personas en situación de pobreza y a pacientes con tuberculosis. El objetivo es garantizar que los alimentos lleguen a tiempo, en buenas condiciones y en la cantidad necesaria.
En 2025, los gobiernos locales recibieron más de S/ 652 millones para financiar comedores populares, ollas comunes y el Programa de Alimentación para Pacientes con Tuberculosis (PANTBC). Sin embargo, al cierre del primer semestre, se detectó una baja ejecución presupuestal en regiones como Cusco (15%), Áncash (22%) y Apurímac (26%) para el PCA, y aún más baja para el PANTBC en Áncash (10%), Apurímac (11%) y Arequipa (17%). Esto pone en riesgo la entrega oportuna de alimentos a más de un millón de beneficiarios.
El contralor César Aguilar destacó que la prioridad es asegurar que los recursos públicos tengan un verdadero retorno social, evitando retrasos y deficiencias. Durante la supervisión se revisa desde la compra y almacenamiento de los alimentos hasta su distribución final, detectando problemas en la entrega y fallas administrativas en varios municipios. Este operativo cubre el 81.5 % de los gobiernos locales y busca prevenir riesgos antes de que afecten a la población.
La intervención de la Contraloría pretende reforzar la transparencia, mejorar la gestión municipal y garantizar que cada sol invertido en el programa cumpla con su misión: mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.
