Este jueves 15 de enero vence el plazo máximo para que los 10 partidos políticos con representación en el Congreso expliquen cómo usaron el dinero público recibido del Estado. Se trata del financiamiento público directo (FPD), un mecanismo que busca transparencia y control en el uso de recursos durante el periodo de gestión parlamentaria.
La rendición de cuentas corresponde a los gastos del segundo semestre de 2025 y suma S/ 7,798,001.64. La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que deberán cumplir con esta obligación las siguientes organizaciones y montos asignados: Partido Político Nacional Perú Libre (S/ 1,075,639.61), Fuerza Popular (S/ 957,530.59), Renovación Popular (S/ 843,268.72), Acción Popular (S/ 825,571.60), Alianza para el Progreso (S/ 741,414.23), Avanza País – Partido de Integración Social (S/ 741,130.77), Juntos por el Perú (S/ 687,321.48), Partido Democrático Somos Perú (S/ 661,153.18), Podemos Perú (S/ 644,211.68) y Partido Morado (S/ 620,759.78).
El organismo electoral precisó que los depósitos se realizan mensualmente en cuentas bancarias y que el cálculo se basa en el total de votos emitidos: el monto resulta de multiplicar esos votos por el 0.1% de la UIT. Los recursos son transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas y su uso está regulado por la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), que asigna a la ONPE la verificación y control de la correcta ejecución.
Según la LOP, hasta el 50% del FPD puede destinarse a gastos ordinarios (locales, mobiliario, personal, asesorías y patrocinio legal). En este último caso, si existe sentencia condenatoria firme, el dinero empleado en la defensa debe devolverse. El 50% restante, como mínimo, debe invertirse en formación, capacitación, investigación y difusión, con criterios de igualdad y no discriminación, incluyendo herramientas digitales, encuestas y plataformas institucionales. El uso con fines distintos a los permitidos constituye infracción muy grave, sancionada con multas de 31 a 100 UIT y la pérdida del financiamiento. Tras la revisión, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios emitirá un pronunciamiento y, de corresponder, iniciará procesos sancionadores.
La exigencia de rendición refuerza la transparencia del sistema político y el control ciudadano sobre el dinero público, claves para fortalecer la confianza y asegurar que los recursos contribuyan a la vida democrática y a la formación política.
