Un megaoperativo ejecutado por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú permitió el allanamiento de varios inmuebles en Lima y Ucayali, en el marco de una investigación contra la presunta organización criminal denominada “Operadores del Oriente”, que estaría vinculada a la congresista Jasmina Francis Paredes Castro, integrante de la bancada de Podemos Perú.
Entre las viviendas intervenidas figura el inmueble de Rosa Paredes Castro, hermana de la parlamentaria, ubicado en Barrios Altos, en el Cercado de Lima. La diligencia fue realizada por fiscales anticorrupción y agentes policiales, mientras efectivos del Escuadrón Verde resguardaban la zona para garantizar el desarrollo de la operación.
Las autoridades informaron que el operativo incluyó allanamientos simultáneos en inmuebles de Jesús María, Santiago de Surco y siete propiedades en la región Ucayali. La medida fue autorizada por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, tras las investigaciones por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho pasivo propio y colusión agravada.
Según la tesis fiscal, la presunta red habría sido liderada por la propia congresista, identificada con el alias de “La Profesora”. La investigación sostiene que personas cercanas a la legisladora fueron colocadas en cargos estratégicos dentro de instituciones públicas de Ucayali, como la Red Asistencial Ucayali de EsSalud, el INPE y la Dirección Desconcentrada de Cultura, a cambio de beneficios económicos ilegales.
Uno de los aspectos más delicados del caso está relacionado con el presunto direccionamiento de contratos millonarios vinculados al traslado aéreo de pacientes críticos. La Fiscalía sospecha que determinadas empresas habrían sido favorecidas mediante concertaciones irregulares y tráfico de influencias en licitaciones valorizadas en más de S/ 20 millones, ocasionando un grave perjuicio económico al Estado.
Este caso vuelve a poner en debate la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia dentro de las entidades públicas, especialmente en sectores sensibles como salud y administración pública. Además, evidencia la importancia de las investigaciones fiscales y policiales para combatir presuntas redes de corrupción enquistadas en distintas instituciones del país.
