El Ministerio del Ambiente (Minam) modificó los artículos 17, 21 y 24 del Protocolo Sectorial para la Protección de las Personas Defensoras Ambientales, con el propósito de reducir los atentados contra los líderes de pueblos originarios que defienden sus territorios de la tala ilegal, minería ilegal, trata de personas y el narcotráfico. Esto, luego de que La República revelara que continúan las amenazas contra estos defensores.

Y es que, desde octubre del 2020, se han registrado 170 casos de amenazas a la seguridad personal y familiar, agresiones físicas, sexuales o psicológicas y destrucción de la propiedad o medios de vida, según el Ministerio de Justicia. Asimismo, en ocho años han ocurrido al menos 32 asesinatos de defensores ambientales. Las regiones que presentan un mayor número de casos son Madre de Dios, Ucayali, San Martín y Huánuco.

Alerta. En la selva operan mafias de tala y minería ilegal.

De acuerdo con la viceministra de Gestión Ambiental del Minam, Elizabeth Silvestre, estas modificaciones no solo “reducirían los asesinatos y ataques, sino que incrementarían el nivel de apoyo en tiempos más cortos a los defensores ambientales”.

En ese sentido, explicó que con este cambio accionarán la respuesta del Estado en un plazo no mayor de 15 días.

Por su parte, el coordinador de la Unidad Funcional de Delitos Ambientales del Minam, Jimpson Dávila, señaló que esta resolución permite incluir a las direcciones y adscritos del sector Ambiente para las supervisiones en las zonas afectadas. Asimismo, en el caso de acciones legales, señaló que se ha incluido a su Procuraduría para que tome los casos de hostigamientos hacia los líderes nativos que luchan por preservar la naturaleza. Ese es el caso de Manuel y Quinto Inuma Alvarado, de la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu, en San Martín, quienes recibieron amenazas de muerte por defender sus territorios de taladores ilegales y del narcotráfico.

Para el dirigente del Programa de Defensores Orau/Aidesep, Jamer López, la resolución no permite “un cambio sustancial”, sino que solo hace más explícito el rol de la Unidad Funcional de Delitos Ambientales en las labores de identificación de casos y asistencia legal.

“Queremos que no se queden en el papel. La resolución poco o nada sirve si siguen sin presupuesto”, cuestionó. Y agregó que se debería tomar la información de los pueblos indígenas para complementar sus herramientas de monitoreo y, con eso, priorizar aquellas zonas críticas del país.