En lugar de mostrar urgencia frente a la inseguridad ciudadana y la necesidad de reactivar la economía, el Congreso, a través de su vicepresidente Fernando Rospigliosi, ha optado por “escuchar primero” a los ministros antes de decidir sobre el pedido de facultades legislativas planteado por el Gobierno.
Durante su intervención, Rospigliosi indicó que el pedido del Ejecutivo que incluye más de 30 medidas para enfrentar la delincuencia y promover el crecimiento será revisado inicialmente por la Comisión de Constitución, antes de llegar al Pleno del Congreso. Entre los puntos más polémicos se encuentra la propuesta de tipificar como delito la difusión de información reservada, lo cual podría tener un efecto directo sobre la libertad de prensa y la labor de fiscalización ciudadana. El congresista justificó esta medida al referirse a filtraciones ocurridas en años pasados, aunque no aclaró qué límites se establecerían para evitar abusos.
En cuanto a las medidas sobre reforma penitenciaria y control del crimen, Rospigliosi fue escéptico: señaló que se trataría de un “exceso de entusiasmo” por parte de un Gobierno de corto mandato, dejando entrever que el Congreso no se siente obligado a respaldar cambios significativos durante este periodo.
Esta postura refleja una vez más la distancia entre el Legislativo y el Ejecutivo, donde el primero parece más enfocado en desacreditar o ralentizar las iniciativas del segundo, incluso cuando se trata de temas urgentes para el país. En un contexto donde la ciudadanía exige resultados inmediatos, la falta de voluntad política del Congreso puede convertirse en un obstáculo más para enfrentar la inseguridad y promover reformas estructurales.
