La presidenta Dina Boluarte fue interrogada por el Ministerio Público como parte de la investigación por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y pasivo propio, tras una supuesta reunión con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.
La mandataria peruana, Dina Boluarte, acudió hoy a la sede del Ministerio Público para rendir su declaración indagatoria en el marco de una investigación preliminar que la involucra junto a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. El caso investiga presuntos delitos de cohecho activo genérico y cohecho pasivo propio, que habrían sido cometidos en perjuicio del Estado. El interrogatorio tuvo lugar en las instalaciones del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía, en el noveno piso de su sede principal en Lima.
La diligencia, que inicialmente estaba programada para el 10 de octubre, fue reprogramada a solicitud de la defensa legal de Boluarte. La Fiscalía de la Nación extendió la investigación por 30 días adicionales, a raíz de las declaraciones del exasesor Jaime Villanueva, quien informó sobre una supuesta reunión entre Boluarte y Benavides.
Según las declaraciones de Villanueva, durante esta reunión, Benavides habría solicitado a Boluarte que no removiera de su cargo al general Raúl Alfaro, entonces comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), a cambio de no presentar una denuncia constitucional contra ella ante el Congreso. Sin embargo, la defensa de Boluarte ha señalado que dicha solicitud no fue aceptada, ya que Alfaro fue retirado de su puesto y, posteriormente, la fiscal Benavides presentó la mencionada denuncia.
La investigación preliminar en curso tiene como objetivo esclarecer si en dicha reunión existió un acuerdo ilícito que comprometería a la presidenta y a la exfiscal en actos de cohecho, lo que podría tener graves consecuencias legales y políticas para ambas.
Este interrogatorio forma parte de una investigación que sigue acaparando la atención del país, mientras las acusaciones de cohecho en el más alto nivel del Estado plantean serios interrogantes sobre la transparencia y legalidad de las decisiones gubernamentales. El desarrollo de este caso será clave para determinar el futuro político y judicial de la presidenta Boluarte. (RPP)