El presidente del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil (ETII-Oralidad Civil), Héctor Lama More, afirmó que este grupo de trabajo está enfocado en mejorar el aspecto presupuestal de cara al próximo año, y en alcanzar el reto de extender el sistema de oralidad en 34 cortes superiores de justicia, en el año 2023.

“En aproximadamente dos años y medio implementamos la oralidad en 24 cortes, y posiblemente alcancemos a las restantes el próximo año”, mencionó durante una entrevista brindada al programa “Diálogos Jurídicos” que se transmite por Justicia TV.

Destacó el cambio de paradigma que implica dejar el proceso civil tradicional escrito por la oralidad, y que un juez civil vuelva a lo esencial del cargo, que es retomar las audiencias orales, y resolver los casos de forma directa y transparente frente a las partes litigantes.

“Esto exige un mayor compromiso del juez. Tiene que ir preparado a la audiencia y conocer los detalles del proceso desde que empieza hasta que termina”, expresó.

El magistrado indicó que, si bien ha habido avances significativos en la expansión de la oralidad civil en todo el país, también es verdad que uno de los principales obstáculos del proceso son las limitaciones económicas, por lo que se está trabajando en proyectos para cambiar esta realidad.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

“Los esfuerzos que hacen los magistrados y el personal de las cortes para implementar la oralidad pese a las limitaciones, hace que se redoble el mérito que tienen. Estamos trabajando en un proyecto de inversión para que se habiliten recursos económicos y se mejore más aún la atención a los procesos bajo el modelo de oralidad”, afirmó.

Lama More explicó que este proyecto de inversión pública busca fortalecer aspectos clave como la logística, infraestructura, capacitación de personal y equipamiento del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral (MCCLO) de las cortes, punto neurálgico del sistema de oralidad.

Finalmente, señaló que, se está trabajando en un proyecto para contar con un programa presupuestal propio al igual que ocurre en otros equipos técnicos del Poder Judicial.