El río Nanay, fuente de vida para medio millón de habitantes de Iquitos y comunidades indígenas, enfrenta una amenaza letal: la minería ilegal. Una demanda sin precedentes ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina busca hacer justicia y reconocer al río como sujeto de derecho.
Para mi ciudad Iquitos, el río Nanay no es solamente un accidente geográfico ni una corriente de agua que solo fluye y desemboca en el Amazonas. Es parte de su identidad, de su economía, de su cultura y, sobre todo, de su supervivencia. Sus aguas abastecen a miles de familias de la ciudad y sostienen también la vida de comunidades indígenas y campesinas asentadas a lo largo de su cuenca. La propia Reserva Nacional Allpahuayo Mishana protege ecosistemas asociados al Nanay y parte de las fuentes de agua que abastecen a Iquitos. Por eso, cuando se contamina el Nanay, no estamos hablando simplemente de un problema ambiental. Estamos hablando de una amenaza contra la vida en todos sus aspectos.
Mercurio y Violación de Derechos Humanos
Durante años hemos escuchado advertencias sobre la presencia de dragas, combustible, deforestación y mercurio en la cuenca del Nanay. Pero el problema ha dejado de ser una advertencia. La contaminación ya tiene consecuencias sobre los ecosistemas y sobre las poblaciones que dependen del río.
Investigaciones realizadas en la cuenca han encontrado presencia de mercurio y otros metales pesados. Un estudio publicado por investigadores vinculados al IIAP y a la Universidad Nacional de Trujillo ya advertía hace más de una década concentraciones de mercurio en agua y sedimentos del bajo Nanay, además de recordar que la cuenca comprende comunidades nativas y campesinas y que sus aguas son utilizadas para abastecer a los distritos de Iquitos, San Juan Bautista y Punchana.
La situación actual resulta todavía más preocupante, en el 2025 fueron difundidos nuevos resultados sobre exposición a mercurio en pobladores y peces de la cuenca. Organizaciones de la Iglesia, de la sociedad civil y entre otros como JustoMedio alertaron sobre la amenaza que representa la expansión de la minería ilegal para la salud de las comunidades ribereñas.
Y aquí aparece una realidad que no podemos seguir maquillando con eufemismos: en el Nanay no estamos frente a una discusión abstracta entre minería formal, informal o artesanal. Estamos frente al avance de actividades mineras ilegales que operan sobre una cuenca fundamental para Iquitos y sus comunidades. Y Aquí es donde me pregunto:
¿Cuánto vale el agua que bebe una ciudad? ¿Cuánto vale un pez contaminado que llega a la mesa de una familia? ¿Cuánto vale la vida de un niño expuesto al mercurio? ¿Cuánto vale una comunidad que pierde progresivamente el río que sostiene su alimentación, su cultura y su territorio? Si la respuesta es solamente económica, ya hemos perdido la discusión. También debemos preguntar dónde estuvo el Estado mientras esta actividad crecía. Porque cuando una comunidad tiene que vigilar su propio territorio, denunciar la presencia de dragas y organizarse para defender el agua que consume, algo dentro del Estado está fallando. La protección ambiental no puede depender exclusivamente del sacrificio de los pueblos amazónicos.
Una Demanda Histórica:
El Pueblo contra el Estado
En un hecho sin precedentes, organizaciones indígenas de Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia han respaldado una demanda presentada ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) contra el Estado peruano. El abogado especialista en derecho ambiental César Ipenza Peralta, miembro del Observatorio de Minería Ilegal, ha sido una voz clave en este proceso. Esta demanda no es un simple recurso legal. Es una lucha de poder contra las mafias que degradan el ecosistema en busca de beneficio económico inmediato, sin importarles el daño irreversible que causan, incluso a ellos mismos. La demanda ante la justicia de la Comunidad Andina representa un momento histórico para Loreto. No porque una demanda pueda resolver por sí sola el problema de la minería ilegal. Sino porque demuestra que las comunidades están agotando las vías tradicionales de tolerancia frente a un Estado que durante demasiado tiempo ha respondido de manera insuficiente a la degradación ambiental de la Amazonía.
El Río como Sujeto de Derecho:
Un Debate Pendiente
La demanda abre una puerta a un debate fundamental: ¿Debe reconocerse al río Nanay como sujeto de derecho?
El abogado Carlos Glave, profesor de la PUCP y especialista en derecho procesal, sostiene que reconocer al río como sujeto de derecho implica que este podría ser titular de derechos específicos, como el derecho a su protección y conservación. Sin embargo, plantea un cuestionamiento clave: «Estos derechos ya están protegidos por el marco legal existente en torno al medio ambiente». Porque si aceptamos que una empresa, una asociación, una universidad o incluso el propio Estado pueden ser sujetos de derechos y obligaciones aunque no sean seres humanos, entonces la pregunta deja de ser si un río puede ser “persona” en sentido biológico.
Evidentemente, no lo es.
La cuestión jurídica es otra:
¿Puede el ordenamiento jurídico reconocerle personalidad o derechos a un ecosistema para garantizar su existencia, conservación, restauración y defensa?
El debate sobre los derechos de los ríos continúa expandiéndose en distintas jurisdicciones y sistemas jurídicos.
Europa tampoco permanece completamente al margen de esta discusión. En los últimos años han aparecido iniciativas que buscan superar la concepción del río como simple recurso hídrico y reconocer su integridad ecológica como un interés jurídico propio. Pero quizá el ejemplo más poderoso para nosotros no está en Europa. Está aquí. Está en Loreto. Está en el Marañón. El ejemplo del Río Marañón es un hito en esta materia. Su reconocimiento como sujeto de derecho sentó un precedente en el país. A nivel internacional, países como Nueva Zelanda, Ecuador, Bolivia y Colombia ya han reconocido a sus ríos y ecosistemas como sujetos de derecho, entendiendo que la naturaleza no es un objeto, sino un ente con valor propio y sagrado.
Reconocer al río Nanay como sujeto de derecho no es un capricho legal. Es un acto de justicia que trasciende lo jurídico: es reconocerlo como un ente vivo, sagrado, que da vida y merece ser protegido.
Una Oportunidad para la Justicia
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tiene en sus manos una decisión histórica. El futuro del río Nanay, de medio millón de personas y de los pueblos indígenas que dependen de él, está en juego. Existe, además, una dimensión que el derecho occidental todavía tiene dificultades para comprender, para muchos pueblos amazónicos, el río no es simplemente agua. Es territorio, es memoria, es alimento, es espiritualidad. Es parte de una relación de reciprocidad entre seres humanos y naturaleza que no puede reducirse a una mercancía.
Por eso, reconocer jurídicamente al Nanay podría ser también una oportunidad para escuchar otros sistemas de conocimiento que durante siglos han entendido algo que recién ahora comienza a ser discutido por las facultades de Derecho: que destruir un río no significa solamente deteriorar un recurso natural.
Significa romper una relación de vida.
Quizá por eso necesitamos avanzar desde la idea del río como “recurso hídrico” hacia la comprensión del río como entidad viva, ecosistema y sujeto de protección jurídica.
Incluso podríamos atrevernos a formular una pregunta todavía más profunda:
¿Y si aquello que llamamos naturaleza no fuera algo que poseemos, sino algo a lo que le debemos respeto?
El río Nanay pide justicia. El Estado está a tiempo de responder.
Por: Miguel A. Noriega Ruiz.
Bachiller en la Carrera Profesional de Derecho, con Diplomados en Neuroderecho: Descifrando la Mente para una Justicia del Siglo XXI, Filosofía del Derecho, Derecho Penal y Código Procesal Penal. Especialista en formación en Derecho Ambiental y Justicia Ambiental. Activista Social y Filántropo. Ex Parlamentario Joven. Ex Presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho – Filial Loreto.
