El 2026 será un año electoral por partida doble: por un lado, se llevarán a cabo las Elecciones 2026 en abril y, por el otro, las Elecciones Regionales y Municipales en octubre de ese año.
Con ese escenario, los partidos políticos que postulen candidatos necesitarán fondos para sus campañas políticas, pero tienen un gran impedimento: están prohibidos por ley de ser financiados por empresas privadas y esto le abre paso a que economías ilegales tengan presencia en el ámbito político, así lo señala el especialista en derecho electoral, José Manuel Villalobos.
«Yo creo que debemos hacer reformas, porque tantas limitantes, tantas prohibiciones impuestas para que los partidos se financien, generan que estos tengan que recurrir a dinero ilegal o que dinero oscuro penetre en las campañas que es difícil de controlar. Yo creo que no es malo que el privado aporte siempre y cuando ese aporte sea transparente», expresó.
¿Debería entonces cambiar la legislación para que todos los peruanos y peruanas conozcan cómo se financian las agrupaciones políticas?
Antes de 2018, las empresas privadas podían financiar campañas políticas. A raíz del conocido caso Odebrecht, por el cual varios líderes políticos como Keiko Fujimori, Ollanta Humala o Alejandro Toledo se encuentran a la fecha investigados por presuntamente haber recibido dinero no declarado de esta empresa brasileña, se impulsó una ley que buscaba prohibir los aportes.
Dicha ley fue la N° 30997, Ley que modifica el Código Penal e incorpora el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas.
Una ligera variante en la ley
En junio último, con la aprobación de las modificaciones a la Ley de Organizaciones Políticas aprobadas por el Congreso de la República, la norma además de permitir que las organizaciones políticas reciban ingresos mediante personas naturales o personas jurídicas extranjeras sin fines de lucro, permite el uso de bienes inmuebles en favor de las agrupaciones políticas.
“Si bien es cierto la ley ha reabierto la posibilidad para que las empresas privadas puedan aportar a las organizaciones políticas, este aporte está referido únicamente con inmuebles para la conformación de comités partidarios previo recibo y declaración jurada. El financiamiento a nivel de campañas electorales propiamente dichas sigue estando prohibido”, detalló José Naupari, especialista en derecho electoral.
“La política cuesta cada vez más”
Si se trata de hablar de fondos con los que se sostienen los partidos políticos, a la fecha, sólo aquellos que cuentan con bancadas en el Congreso, reciben del Estado financiamiento público directo por los cinco años que dura la gestión congresal.
“La política cuesta cada vez más, los partidos no pueden financiarla de manera directa y los miembros de los partidos no pueden financiarse por sí mismos. La idea del financiamiento público directo es limitar en lo posible que el dinero privado no condicione la acción de partido”, señaló por su parte el politólogo Fernando Tuesta.
El dinero producto del financiamiento público no sólo debe ser debidamente declarado cada semestre del año, la ley es estricta al señalar que es de uso exclusivo para fortalecimiento institucional: pago de servicios, capacitaciones, adquisición de bienes; pero no para ser usado, por ejemplo, en campañas políticas.
Para dar a conocer a sus candidatos en todo el Perú en tiempos de campaña, los partidos políticos ya cuentan con la franja electoral que brinda la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) en los medios de comunicación. Además, las agrupaciones políticas recurren a otras actividades como propaganda externa (carteles, afiches BTL), o viajes y mítines que son más costosos, porque aseguran que la difusión estatal no es suficiente.
El objetivo es la transparencia
Los expertos coinciden en que es necesario abrir el debate sobre permitir que los privados aporten a campañas electorales, pero de darse el paso y concretar un proyecto de ley al respecto, se deben establecer todos los límites necesarios para asegurar una competencia equitativa.
“Si una empresa aporta a una organización política y ésta gana en una determinada circunscripción, para evitar cualquier tipo de especulaciones, esa empresa, por ejemplo, ya no debería tener la posibilidad de ser beneficiado con contrataciones directas en esa entidad (alcaldía o gobernación regional) liderada por el político del partido al que ayudó a financiar”, opinó el abogado José Naupari.
El especialista en legislación electoral, José Manuel Villalobos también señaló: «con los candados adecuados y siendo transparentes, creo que se puede permitir un mejor financiamiento a los partidos políticos. En otros países de la región, en Estados Unidos y Europa, el financiamiento es público y privado».
Los aportes privados, declarados y transparentes son un debate que está en manos del Congreso para evitar que dinero ilícito tome el control político, afecte la democracia y a todos los peruanos. (RPP)