La Fiscalía peruana solicitó una condena de 35 años de prisión contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por presunto lavado de activos y organización criminal en agravio del Estado. Además, se exige una reparación civil superior a 46 millones de dólares.
El Poder Judicial autorizó el inicio de juicio oral contra el exmandatario y su socio, el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, dentro del caso Westfield Capital, vinculado a pagos de Odebrecht y otras constructoras. La resolución, de más de 2 000 páginas, fue emitida por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien dispuso que el expediente pase a un juzgado penal colegiado nacional para fijar fecha y hora del juicio.
Según la acusación del fiscal José Domingo Pérez, Kuczynski habría liderado una red que recibió más de 12 millones de dólares a través de consultorías encubiertas relacionadas con grandes proyectos como la Carretera Interoceánica Sur (tramos II y III), la Irrigación Olmos y Rutas de Lima, mientras ocupaba cargos en el gobierno de Alejandro Toledo. Asimismo, se incluyó en la denuncia a empresas vinculadas como Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limitada y Latin America Enterprise Manager LLC, solicitando restricciones y, en el caso de Dorado Asset Management Company, su disolución definitiva.
La Procuraduría Ad Hoc de los casos Odebrecht y Lava Jato ha pedido una reparación civil de US$ 46,6 millones a favor del Estado peruano. Este proceso marca un nuevo capítulo en la lucha anticorrupción y en el esclarecimiento de los vínculos entre expresidentes peruanos y la constructora brasileña.
El caso refuerza la importancia de la transparencia en la gestión pública y de que las instituciones judiciales actúen con firmeza para sancionar actos de corrupción que afectan la confianza ciudadana en la democracia.
