El Gobierno de Keiko Fujimori incluyó en su pedido de facultades legislativas presentado al Congreso una propuesta para otorgar incentivos económicos a trabajadores públicos que decidan retirarse voluntariamente del Estado. La medida forma parte de un proceso de reorganización y modernización de la administración pública y contempla escenarios de salida de entre 2.500 y 10.000 servidores.
El proyecto plantea que el incentivo sea calculado tomando como referencia la protección económica existente en el régimen laboral privado regulado por el Decreto Legislativo 728.
De acuerdo con la exposición de motivos, los servidores que opten libremente por dejar su puesto podrían recibir el equivalente a una remuneración y media por cada año completo de servicios, con un límite máximo de 12 remuneraciones.
La iniciativa precisa, sin embargo, que la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo no permitirá disponer despidos o destituciones de trabajadores que cuenten con estabilidad laboral. La propuesta establece expresamente que la salida deberá tener carácter voluntario.
El planteamiento está incluido dentro de las medidas destinadas a impulsar una reforma estructural, organizacional y de modernización del Estado, con énfasis en ordenar los recursos humanos, revisar las plazas existentes y fortalecer criterios de meritocracia en las entidades públicas.
Actualmente, dentro del aparato estatal conviven diferentes regímenes laborales. Entre ellos se encuentran los trabajadores sujetos a los decretos legislativos 276, 728 y 1057 —conocido como CAS—, además del régimen establecido por la Ley del Servicio Civil N.° 30057.
Según la propuesta, el incentivo alcanzaría a trabajadores CAS a plazo indeterminado, servidores nombrados bajo el Decreto Legislativo 276 y empleados sujetos al régimen 728 con contrato a plazo indeterminado.
El mecanismo permitiría que cada trabajador evalúe la conveniencia económica de acogerse voluntariamente al programa.
Por ejemplo, un servidor que perciba una remuneración mensual de S/4.000 y tenga cinco años completos de servicio podría recibir aproximadamente S/30.000, equivalente a siete remuneraciones y media.
Si el mismo trabajador acumulara diez años de servicio, el cálculo inicial sería equivalente a 15 remuneraciones. Sin embargo, debido al límite establecido, recibiría como máximo 12 remuneraciones, equivalentes a S/48.000.
El proyecto presentado al Congreso todavía no establece el procedimiento definitivo para acogerse al beneficio, ni determina los plazos y modalidades de pago.
Estos aspectos deberán ser regulados posteriormente mediante las normas que el Ejecutivo podría emitir en caso de que el Parlamento apruebe la delegación de facultades solicitada.
Uno de los principales puntos de debate será garantizar que la decisión de los trabajadores sea verdaderamente voluntaria.
El abogado laboralista Willman Meléndez advirtió que la aplicación del mecanismo deberá evitar cualquier escenario en el que los incentivos puedan convertirse, en la práctica, en una forma de presión para promover retiros.
El especialista recordó que durante la década de 1990 se aplicaron mecanismos de salida de trabajadores públicos que posteriormente generaron procesos judiciales vinculados con ceses colectivos y cuestionamientos sobre la voluntariedad de algunas decisiones.
Por ello, uno de los desafíos para el Gobierno será establecer procedimientos transparentes que permitan a los servidores analizar adecuadamente las condiciones económicas y laborales antes de aceptar una eventual desvinculación.
El Ejecutivo también realizó estimaciones sobre el impacto fiscal que tendría la propuesta.
En un escenario en el que se acogieran aproximadamente 2.500 trabajadores, el Estado desembolsaría alrededor de S/220,1 millones en incentivos.
Sin embargo, el ahorro acumulado durante los siguientes tres años sería de aproximadamente S/291,9 millones, según los cálculos incluidos en la propuesta.
En el escenario de mayor alcance, con alrededor de 10.000 renuncias voluntarias, el costo inicial ascendería a aproximadamente S/886,9 millones.
A cambio, el Ejecutivo calcula que el ahorro acumulado para el Estado podría alcanzar los S/1.180,4 millones en tres años.
La propuesta abre así un debate sobre el tamaño de la planilla pública, la eficiencia de las entidades estatales y las garantías laborales de los servidores. Su aplicación dependerá primero de que el Congreso apruebe las facultades solicitadas y, posteriormente, de las condiciones específicas que establezcan las normas que regulen el programa de retiro voluntario.
