En un contexto marcado por el incremento de la criminalidad y la extorsión, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha redoblado sus esfuerzos de control en los penales del país. Entre julio y noviembre de este año, los operativos de requisa aumentaron cerca de 25% respecto a los años 2023 y 2024, evidenciando una política más firme frente al delito organizado dentro de los establecimientos penitenciarios.
El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, destacó que en apenas cuatro meses de gestión se ha logrado revertir el abandono de la seguridad penitenciaria, un eje que según señaló fue descuidado durante décadas. “Trabajamos día, noche y madrugada para frustrar todo ilícito que pueda organizarse desde los penales y que afecte la tranquilidad de los peruanos. Queremos que la criminalidad retroceda en los penales”, subrayó.
De acuerdo con la Oficina de Seguridad Penitenciaria, entre julio y noviembre se realizaron 2,505 requisas, frente a las 1,934 y 1,986 de los mismos periodos en 2024 y 2023, lo que representa un incremento del 21% y 23%, respectivamente. Además, se ejecutaron 252 traslados de internos considerados de alta peligrosidad, la mayoría hacia los penales de Challapalca, Cochamarca, Ancón 1 y Ancón 2. Uno de los más recientes fue el traslado de 45 reclusos a un nuevo pabellón de Régimen Cerrado Especial en Ancón 1, diseñado para albergar a sicarios, extorsionadores y secuestradores, entre ellos los conocidos alias “El Jorobado” y “JJ”.
El INPE reafirmó que continuará fortaleciendo el principio de autoridad y manteniendo el control en los penales, con el objetivo de reducir los delitos que se gestan tras las rejas y contribuir a la seguridad ciudadana en todo el país.
