El panel de juristas internacionales conformado para acompañar el concurso público para el Tribunal Constitucional (TC) emitió un primer comunicado, instando a la Comisión Especial del Congreso a cumplir con publicar las resoluciones a través de las cuales declararon infundadas las tachas.

El 16 de diciembre último, los miembros de la Comisión Especial tuvieron una sesión maratónica para resolver un total de 43 tachas formuladas contra los postulantes de este concurso público. Sin embargo, en los días siguientes, la comisión solo publicó en la web del Congreso las resoluciones de los cinco casos que fueron declararon fundados. Es decir, no cumplió con publicar las otras 38 resoluciones sobre las tachas infundadas.

El equipo de juristas advirtió que esto: “impide conocer y corroborar los criterios utilizados para eliminar o mantener a candidatos en el concurso”.

La Comisión Especial del Congreso solo publicó las resoluciones de 5 casos de tachas que declararon fundadas, pero no cumplió con publicar las otras 38 resoluciones.

Los juristas recomendaron a la Comisión presidida por José Balcázar, de la bancada Perú Libre, “subsanar estas omisiones a la mayor brevedad, para así mantener un estándar adecuado de transparencia, debido proceso y acceso a la información”.

El panel de expertos internacionales está conformado por Carlos Ayala, quien fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Daniela Salazar, vicepresidenta de la Corte Constitucional de Ecuador; el argentino Eduardo Bertoni, representante del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos (IIDH); la jueza chilena María Zapata y el expresidente boliviano Eduardo Rodríguez.

Pronunciamiento

Habiéndose publicado los resultados de la Evaluación Curricular de Postulación al Tribunal Constitucional, se observa que los calificativos de acuerdo al Reglamento aprobado y publicado en el diario El Peruano que garantizaba la meritocracia no ha sido respetado dicho Reglamento y son contrarios a ley.

Cometiéndose un delito de Prevaricato al no aplicar la ley y se ha trasgredido el Debido Proceso. Estos hechos desvirtúan la imparcialidad democrática del proceso dando una mala imagen al Congreso de la Republica, y ofenden la dignidad y los derechos fundamentales de los postulantes.