Siendo alcalde de Lima, el político de Renovación Popular ha dejado en claro sus nulas intenciones de establecer diálogo con el presidente Pedro castillo, con más de una declaración en su contra: “Yo no puedo dialogar con una persona que tiene siete carpetas fiscales por corrupción abiertas”. Esta es una situación que además se extiende al resto del poder ejecutivo, específicamente con el cuerpo ministerial del país, sobre el cual sostiene que «Mal haría yo dándole un aval como alcalde de Lima, que es la segunda autoridad elegida por voto popular en nuestro país. Mal haría yo dialogando con gente presta a ser parte de un engranaje, en mi opinión, totalmente cuestionado. Y, lo peor, que rota cada semana».

No obstante, e independiente de su visión sobre el presidente Pedro Castillo, se entiende que una cosa es el tiempo de campaña y otra el momento cuando se es autoridad. Desde el punto de vista técnico y de gestión municipal, el próximo alcalde de Lima deberá analizar muy bien si la confrontación con el Gobierno le será beneficiosa. “Para el tema de transporte, la misma Municipalidad de Lima es un componente de la ATU y allí se requiere coordinar con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con respecto a seguridad, demanda un trabajo articulado con el Ministerio del Interior. Y en lo que se refiere a políticas sociales, más aún con el plan de apoyo a las ollas comunes que espera la próxima gestión poner en marcha, demanda recursos que deben ser coordinados con el Midis. Acá hay que ser categóricos: no es conveniente tener una municipalidad metropolitana divorciada del Ejecutivo” Exlica José Tello, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal (INICAM).

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